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Toman declaración a 28 mujeres que abortaron en la clínica Isadora

El juez investiga a esta clínica madrileña y ordena a la Guardia Civil tomar declaración a 28 mujeres que abortaron en ella

El titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha activado una investigación sobre la clínica Isadora a raiz de las detenciones y cierres de centros en Barcelona. Este juez ha ordenado a la Guardia Civil que tome declaración a una lista de mujeres cuyos historiales clínicos obran en poder del magistrado. Según ha sabido la Cadena SER, la Guardia Civil ha interrogado ya a 28 pacientes que han abortado en los últimos meses en esa clínica madrileña.

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Esta tarde tendrá que comparecer la próxima en una comandancia de la capital. Se trata de una joven de 31 años. Ayer una pareja de agentes se personó en su casa y le entregó la citación. Una citación que la reclama en calidad de testigo en una investigación judicial sobre presuntos abortos ilegales.

Sorprendentemente el juez no ha pedido de momento ningún testimonio de los responsables o profesionales de la clínica. Ha empezado por llamar a las mujeres.

Marisa Castro, portavoz de Isadora, habla de persecución política: "No hay ninguna ilegalidad que se haya cometido en la clínica. Es una orquesta con muchos músicos y luego hay instituciones que se ponen al servicio de la misma, como la Comunidad de Madrid".

La investigación judicial se inicia a raiz de una denuncia interpuesta en junio de 2006 ante la Guardia Civil por la plataforma ultraconservadora 'La Vida importa'. El colectivo denunció entonces a varias clínicas de Madrid por supuestas irregularidades en la retirada de residuos biosanitarios.

La Guardia Civil, el Seprona concretamente, realizó varias inspecciones y envió los datos a un primer juzgado que, según los responsables de Isadora, archivó el caso. Sin embargo, posteriormente la causa entró en el juzgado número 47. Su titular pidió entonces un informe al Instituto Anatómico Forense y a pesar de que resultó negativo y no encontró ninguna ilegalidad, el juez Sierra Fernández sigue adelante con las diligencias.

Portavoz de la clínica Isadora: "Es una persecución política. No hay ilegalidad"

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