De la Vega: "Ni ANV, ni el PCTV van a estar en las elecciones "

Madrid

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy a la Abogacía del Estado a poner en marcha las acciones pertinentes para proceder a la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) por su presunta vinculación con ETA y con la ilegalizada Batasuna. En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta De la Vega ha anunciado que el Gobierno ha dado instrucciones también para que se anule "cualquier lista o agrupación de electores".

"No van a estar en las elecciones ni ANV ni PCTV", ha asegurado de la Vega, quien ha reiterado que el Gobierno ha esperado a que lleguen las pruebas contundentes y no solo los inicios.

En la habitual reunión de los miembros del Ejecutivo de los viernes, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha propuesto que los servicios jurídicos del Estado comiencen el proceso de ilegalización de ANV y PCTV para impedir que se presenten a las elecciones del próximo 9 de marzo. La autorización del Consejo de Ministros es un trámite previo de obligado cumplimiento para que la Abogacía del Estado pueda actuar.

El ministro anticipó el pasado miércoles que ambas formaciones radicales vascas "no estarán en las elecciones" porque en el material examinado por el Servicio Jurídico del Estado, -el informe policial entregado al juez Baltasar Garzón- hay "pruebas sobradas" que acreditan la continuación de ambos partidos como sucesores de la formación ilegalizada. "Me quedo muy tranquilo viendo la prueba documental con la que vamos a ir al Tribunal", agregó. Las pruebas abarcan no sólo al ámbito económico, sino también en el político y organizativo, añadió.

La Fiscalía del Estado planteará, antes de finales de enero, sendas demandas de ilegalización del PCTV y de ANV con petición de suspensión cautelar de sus actividades ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, conocida como Sala del artículo 61. Así lo anunció ayer el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Y "al día siguiente" el Ministerio Público solicitará la suspensión cautelar de las actividades de ambas formaciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el marco de la causa que sigue contra varios de sus dirigentes por presuntos delitos e integración en banda terrorista.

"A comienzos de la próxima semana" y por el trámite de la demanda ordinaria. Así se iniciará el proceso para la ilegalización de ANV y el PCTV ante el Supremo. Un proceso en el que, según adelantó Conde-Pumpido se destacará como causa principal de ilegalización, dentro de las previstas en la Ley de Partidos Políticos, la "colaboración habitual con entidades o grupos que actúan o apoyan el terrorismo o a los terroristas", en este caso esos grupos son todo el entramado de la ilegalizada Batasuna.

Dependencia económica

El fiscal general del Estado señaló que en el caso del PCTV esta "cooperación habitual" se evidencia por el abono por parte de este partido de salarios de casi medio centenar de personas vinculadas con Batasuna. Una prueba ya de por sí contundente pero a la que hay que unir "otras operaciones de cooperación", como la cesión de un local propiedad del PCTV para que miembros de la formación ilegalizada celebraran allí sus reuniones clandestinas.

Pero en el caso de ANV además de estas colaboración con Batasuna, también "efectiva y reiterada", la Fiscalía añadirá otra causa de ilegalización: "dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos". En este punto como pruebas el Ministerio Público aportará la negativa de los dirigentes de ANV y sus representantes en las instituciones a condenar los últimos atentados de ETA o algunas de sus manifestaciones públicas con apoyo explicito a la banda terrorista o sus militantes.

Conde-Pumpido puso como ejemplo el acto celebrado el pasado 12 de enero en Pamplona por ANV, donde la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, mostró su apoyo para todos los presos vascos y pidió un aplauso para Igor Portu y Martín Sarasola, los presuntos etarras autores del atentado de la T-4.