Un precedente judicial podría obligar al Estado a indemnizar a la familia de Mari Luz

El Estado podría ser condenado patrimonialmente por la muerte de Mari Luz. Es al menos la opinión del abogado ferrolano, Ricardo Perez-Lema, que logró sentar jurisprudencia con el caso de Maruchi Rivas, una niña de 9 años, que en 1992 fue violada y asesinada en la localidad lucense de Villalba por un recluso en libertad condicional que no estaba siendo vigilado. La sentencia del Supremo, que condenó entonces al Estado creó el precedente. Para el letrado, ahora, en el caso de Mariluz, la responsabilidad de la administración está todavía más clara.

"Hay un paralelismo obvio y claro", ha dicho Ricardo Pérez-Lema. El abogado se muestra convencido de que el Estado podrá ser condenado como responsable dadas las similitudes con el que él mismo defendió en 1992. Pérez-Lema considera que en esta ocasión existe un agravante más porque si en el casos de la niña lucense, su agresor estaba en libertad condicional; en el de Mari Luz, su presunto agresor era un condenado que ni siquiera había llegado a ingresar en prisión.

Es por eso que en el asesinato de la pequeña de Huelva "se ve todavía más claramente la mano del Estado", ha explicado el abogado. "Desde mi punto de vista resulta obvio que existe una responsabilidad objetiva", ha apuntado.

El precedente

La sentencia obtenida en 1992 por Ricardo Pérez-Lema sienta un precedente, lo que en Justicia se conoce como jurisprudencia. "Esa sentencia sienta un precedente que sirve, a posteriori, de base para todas las reclamaciones patrimoniales", ha explicado.

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"La sentencia nuestra es firme porque, aunque fue recurrida, el Estado desiste y sirve como precedente para que la administración vaya reconociendo ya en vía administrativa, sin que sea necesario acudir a la vía judicial, por la responsabilidad en todo este tipo de casos de liberados condicionales", ha explicado el letrado.