Las comunidades autónomas del PP apoyan la decisión del Gobierno para llevar agua a Barcelona

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP mostraron hoy su apoyo a la decisión del Gobierno aprobada ayer de llevar agua del Ebro a Barcelona porque, en su opinión, "se da respuesta a una necesidad". La consejera de Medio Ambiente de Castilla y León, María José Ruiz, que habló como portavoz de todas las comunidades del PP, aseguró que "el sentido común ha imperado" porque se llegó a esta aprobación del Decreto Ley debido a que fue "una actuación de medida urgente".

Tras la reunión mantenida con la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, la consejera de Castilla y León subrayó que "la actitud del Gobierno es acorde con el sentimiento que las comunidades autónomas han planteado durante cuatro años".

Además afirmó que la decisión tomada en el Consejo de Ministros "es bienvenida", porque "recoge y rectifica una política que ha sido errónea durante cuatro años", e insistió en que "el Decreto rectifica la política errónea de cuatro años perdidos y coloca en una senda clara de estudio y detenimiento".

La consejera destacó que "las regiones quieren que se revise la situación del conjunto de España", porque "es necesario dar respuesta cuando es necesario, pero también hay que otras respuestas que quedan pendientes", que se cuantifican en una serie de inversiones y necesidades que figuraban en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y ahora "se tiene que volver a revisar".

No es un travase

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La ministra, por su parte, ha insistido en una rueda de prensa posterior a la reunión que la medida acordada para Barcelona no es un trasvase y que, en cualquier caso, se trata de una acción hasta 2009, cuando entrará en funcionamiento la desalinizadora de El Prat. Espinosa se ha mostrado abierta al diálogo con las autonomías para revisar determinados aspectos de la política de agua.

Es lo mismo que explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. "No se saca un litro del caudal del Ebro", recalcó De la Vega. La medida adoptada para Barcelona consiste en una tubería de 62 kilómetros cuya construcción costará 180 millones de euros y con la que el Ministerio de Medio Ambiente prolongará el minitrasvase que abastece a Tarragona. Para ello, el Gobierno aprobó un decreto-ley que autoriza el trasvase de agua del Ebro a las Cuencas Internas de Cataluña y una reforma de una ley de 1981 que prohibía el minitrasvase a Barcelona.

Por esa tubería viajarán hasta Barcelona los excedentes que no bebe Tarragona y el agua que se compre a los regantes de la cuenca del Ebro. Así, el caudal del río queda, en teoría, intacto. Los cinco millones y medio de habitantes del área metropolitana recibirán unos 50 hectómetros cúbicos (cada hectómetro equivale a un volumen como el de un gran estadio de fútbol).

El informe de la Abogacía del Estado

El informe de la Abogacía del Estado asegura que para que técnica y legalmente se pueda hablar de trasvase resulta "indispensable" que se efectúen detracciones de agua de una Demarcación Hidrológica para llevarlos a otra.

El Real Decreto aprobado ayer "no habilita ni permite" ninguna captación de agua del Río Ebro distinta a lo aprobado por Ley en 1981. Esa Ley 18/1981 autorizó un caudal máximo de cuatro metros cúbicos por segundo para abastecer a los municipios de la provincia de Tarragona.

Llegará en octubre

La obra tardará seis meses y llegará en octubre, con el tiempo justo para evitar los cortes de agua. Según el decreto-ley, sólo puede funcionar hasta que la desaladora de Barcelona, que es la que debe ahuyentar definitivamente el fantasma de la sequía, lleve funcionando 30 días, lo que se espera para junio de 2009.