La juez dicta prisión incondicional para el alcalde de Estepona

La magistrada que instruye el caso Astapa contra la corrupción en Estepona (Málaga), Isabel Conejo, ha dictado a última hora de la tarde orden de prisión incondicional para el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) y su jefe de gabinete, José Flores. A ambos se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. Previamente, ha dejado en libertad con cargos y fianza al abogado y miembro de la ejecutiva local del PSOE Juan Simón y al edil de Economía y Hacienda, portavoz municipal socialista y ex senador Francisco Zamorano. Sólo queda por decidir la situación del quinto interrogado hoy, el concejal del Partido Estepona (PES, antiguo GIL) Manuel Reina. Son los últimos de los 26 detenidos en desfilar ante la juez.

Después de pasar tres noches en los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga, "bastante afectado" según su entorno, Barrientos ha llegado a los juzgados minutos antes de la una de la tarde. Tranquilo, esposado, con una chaqueta azul claro y la cara descubierta. Allí le esperaban más de un centenar de personas, entre periodistas y vecinos, que le han recibido con insultos, aplausos y gritos de apoyo.

Barrientos dimitirá

El alcalde de la localidad, Antonio Barrientos, ha firmado un escrito dirigido al pleno en el que presenta su dimisión irrevocable como regidor. Así, está previsto que mañana se presente un documento en el registro del Ayuntamiento en el que Barrientos, que pide que se respete su derecho a la presunción de inocencia, renuncia a su cargo como alcalde-presidente de la Corporación municipal. En los próximos días, tiene previsto dirigir una carta abierta al pueblo.

Unos minutos antes hacía su entrada José Flores, también esposado y con dos policías. A la espera de lo que ocurra con Reina, la titular del juzgado número 1 de Estepona ha concluido la toma de declaración a los 26 detenidos en este caso, que se ha saldado hasta el momento con cuatro órdenes de prisión, libertad provisional con fianzas de entre 15.000 y 500.000 euros para 18 personas y con cargos pero sin fianza para otros tres.

Pago de las fianzas

Además de Barrientos y Flores, los dos detenidos que han ingresado en prisión son el concejal del PES José Ignacio Crespo y el técnico de Urbanismo Xavier Wittmeur. Las dos últimas órdenes de libertad bajo fianza son de esta misma tarde. Se trata de Simón (300.000 euros) y de Zamorano (50.000). Al primero, Conejo le imputa los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. A Zamorano le acusa de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, han informado fuentes judiciales. Diez de los detenidos ya han abonado las fianzas, que suman un total de 1,61 millones de euros, según fuentes judiciales.

El primero en hacerlo ha sido el presidente de la empresa constructora Grupo Prasa, José Romero, que ingresó ayer los 300.000 euros impuestos por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la administración pública, después de que prestara declaración el pasado martes. De los que declararon ese día también ha abonado la fianza de 30.000 euros el empresario José Luis Cabas, al que se imputan presuntos delitos de cohecho y blanqueo, y la misma cantidad Ana María Crespo, hermana del concejal del PES José Ignacio Crespo, que ha ingresado en prisión por esta causa. En cuanto a los que prestaron declaración el miércoles, el ex consejero delegado de la empresa Valle Romano Luis Fernando Linares, al que se imputa fraude y malversación de caudales públicos, también ha abonado los 500.000 euros de su fianza, al igual que los dos abogados relacionados con la empresa Armando Pérez y Daniel Delgado, ambos con 100.000 euros cada uno.

Un rosario de delitos

También lo han hecho los hermanos y empresarios de Codelsa Félix Delgado y Vicente Delgado, a los que se acusa de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación, cada uno con 100.000 euros de fianza. El técnico municipal Ignacio de la Hoz ha abonado 50.000 euros por los delitos de fraude y malversación y el empresario de Agrojardín y otras empresas constructoras, Antonio Bazán, ha pagado los 300.000 euros de su fianza por los mismos delitos. Los diez podrán así eludir la prisión provisional, aunque tienen la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado y la prohibición de salir de España. Además de estos diez acusados, otros ocho se encuentran en situación de libertad provisional con fianza pero todavía no la han abonado, para seis de ellos se decretó ayer y para los otros dos hoy -Simón y Zamorano-.

En concreto son el ex director del Area de Urbanismo Pedro López, con fianza de 300.000 euros y acusado de cohecho y malversación, el arquitecto municipal Arturo Cebrián, con 30.000 euros por cohecho y tráfico de influencias y el abogado Manuel Barroso, con fianza de 15.000 euros por blanqueo. Están en la misma situación las ediles socialistas Mariví López, Marisa Rodríguez y Asunción López (Educación, Playas y Cultura). Rodríguez, a la que las instructora imputa los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, deberá pagar una fianza de 50.000 euros, mientras que sus dos compañeras deberán abonar 30.000 euros y están imputadas por cohecho y tráfico de influencias.