La mujer del asesino de Baglieto se queda con la cristalería sobre la que vive la viuda de la víctima

La mujer del etarra Kandido Aspiazu, Milagros Altuna, se ha quedado con la totalidad de la cristalería que la pareja tiene en Azkoitia (Guipúzcoa), al ser la mejor postora de la subasta celebrada en los juzgados de la vecina localidad de Azpeitia.

Milagros Altuna, esposa del ex etarra Kándido Azpiazu se ha adjudicado la mitad del negocio de cristalería perteneciente a su esposo, que ha sido subastada en los juzgados de Azpeitia (Guipúzcoa) para garantizar la indemnización económica de la condena de su marido, dictada en noviembre de 1981.

Azpiazu es uno de los dos condenados por el asesinato en 1980 del militante de la UCD Ramón Baglietto -el otro es José Ignacio Zuazolazigorraga- y en 2005 abrió una cristalería en Azkoitia (Guipúzcoa) en un local situado bajo el domicilio de su viuda, Pilar Elías, lo que desencadenó un debate político sobre la necesidad de aplicar medidas de alejamiento en las condenas por terrorismo.

Según han indicado fuentes judiciales, hoy se ha subastado la mitad del negocio de cristalería, ya que la otra mitad es propiedad de la esposa del Azpiazu, quien ha competido esta mañana con otro postor por adjudicarse dos locales, uno de 90 metros cuadrados y otro de 30.

La mejor postora

Estas fuentes han explicado que Milagros Altuna ha sido quien ha realizado la oferta más alta por ambos locales, superando el 70% del precio de salida, establecido en 34.088 euros y 32.235 euros para cada uno de los dos inmuebles, y que es el límite que establece la ley para que la subasta sea considerada legal.

Así, Altuna ha ofrecido 23.863 euros por el mayor de los locales y 22.575 por el más pequeño, con lo que ha conseguido adjudicarse la subasta.

El dinero obtenido será para el Estado, que adelantó la indemnización que recibieron Elías y sus hijos en aplicación de la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo.

En enero de 2006 la Audiencia Nacional decidió investigar el patrimonio de Azpiazu y del otro condenado por este asesinato, José Ignacio Zuazolazigorraga, para embargar sus bienes y garantizar que hicieran frente a la indemnización de 12,6 millones de pesetas que figuraba en su condena, dictada en noviembre de 1981.