Mariano Rajoy aboga por la reforma laboral de Aznar que abarató el despido

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado que su partido aboga por una reforma laboral en la línea de 1997 que fue "buena para todos y aprobada por todos".

Rajoy ha hecho esta propuesta en un desayuno informativo celebrado en la sede del PP al que han acudido miembros de las principales empresas españolas como Grupo Ferrovial, Acciona, Sogecable, Sacyr Vallermoso, Brittist Telecom, Dragados, Vodafone, el Corte Inglés, Cepsa, Repsol, Prisa, Carrefour, BBVA, Gas Natural, Iberdrola, ING, Deloitte, Iberia o Accenture.

También estaban presentes la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el portavoz de Economía en el Congreso y ex ministro, Cristóbal Montoro, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, así como los primeros ediles de Cuenca y Santander.

Por parte de los sindicatos, acudieron a Génova, el secretario de Política Industrial, Angel Fernández; el secretario general de USO, Julio Salazar; y el secretario de la Confederación Acción Sindical, José Vía; y el presidente del sindicato de funcionarios CSI-CSIF; Domingo Fernández.

El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, ha recordado este jueves a Rajoy que la reforma del 97 sirvió para "abaratar el despido". Alonso ha reprochado al PP que tiene "un problema oculto", ser "antisocial", y que sus medidas traerían como consecuencia que "los efectos de las crisis los pagaran los más débiles".

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A los sindicatos tampoco les ha gustado la idea. Toni Ferrer, el secretario confederal de Acción Sindical de UGT ha indicado el Gobierno popular "respeto el diálogo bilateral entre la patronal y los sindicatos en 1997". No obstante, según Ferrer "a partir del 2000 estableció una actitud autoritaria que culminó con un decretazo".

La reforma firmada el 28 de abril de 1997 por los agentes sociales, perseguía la estabilidad en el empleo, el mayor reto del gobierno Aznar, que tenía un 34% de trabajadores en precario.

Para ello, permitía la creación de un nuevo contrato indefinido para jóvenes, mayores de 45 años o para convertir contratos temporales a fijos con un coste menor por despido, 33 o 20 días por año, y no 45, que era el baremo común hasta entonces. El contrato-basura dirigido a jóvenes se convertía en contrato de formación.