Sociedad

Operación policial contra la corrupción urbanística en Murcia

Un alto funcionario de la Consejería de la Presidencia, en excedencia desde 2007, entre los principales imputados

La Guardia Civil busca en los registros de la Consejería de Presidencia de Murcia y del Ayuntamiento de Librilla los expedientes que vinculen al funcionario del consistorio con los contratos públicos que gestionaba el alto funcionario de la Consejería de la Presidencia de Murcia. Hasta ahora hay 5 detenidos y se han hecho 9 registros.

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Según ha podido saber la Cadena SER, en esta operación contra la corrupción urbanística en Murcia estaría implicado un ex alto cargo de la Consejería de Presidencia y un técnico del Ayuntamiento de Librilla. Ambos se habrían beneficiado de adjudicaciones de obras y contratos públicos a empresas de su propiedad o en las que tienen intereses en unas actividades que se remontan al año 2001. Se trata de la trama empresarial vinculada a la sociedad ACADI, a través de la cuál varios funcionarios se habrían enriquecido ilícitamente, una trama que la Ser avanzó en su día.

A los detenidos se les imputan varios delitos, entre ellos, el de cohecho, presunto tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. Hay de momento 5 detenidos, entre ellos el ex alto cargo de la Consejería, José Luis Cano García, su esposa Josefa Blanco y el ingeniero de caminos y funcionario de Librilla Domingo Peñalver Rojo.

Desde las 9 de la mañana los agentes han llevado a cabo 9 registros simultáneos. El más relevante en la Consejería de la Presidencia, dentro de los despachos del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, de la Dirección General de Administración Local. También hay registros en el Ayuntamiento de Librilla, en una empresa municipal de este municipio, en domicilios particulares y sedes sociales de empresas en Murcia, Librilla y Los Alcázares.

En los registros se han incautado de varias cajas de documentos y discos duros volcados. Los agentes buscan en los registros de la Concejalía de Urbanismo de Librilla y en la Consejería de Presidencia de Murcia, los documentos y los expedientes que vinculen al ingeniero del Consistorio de Librilla con los contratos públicos que gestionaba el alto funcionario José Luis Cano desde la jefatura del Servicio de Asistencia Técnica de la Presidencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha confirmado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Murcia abrió este procedimiento. Las actuaciones han sido declaradas secretas. Se trata de la segunda operación de envergadura del grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La primera investigación concluyó con la Operación Totem, por la que se imputó al ex diputado provincial del PP Juan Morales por la presunta negociación de una comisión ilegal que ascendía a los tres millones de euros.

 
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