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Argentina suspende la excarcelación de 11 ex represores de la dictadura

La decisión de liberar a los acusados de la Cámara de Casación este jueves fue recurrida por el fiscal Pleé. La presidenta Cristina Fernández dijo sentir "vergüenza" por la resolución inicial

La Justicia argentina suspendió este viernes la decisión de excarcelar a 11 ex represores de la dictadura militar (1976-1983), entre los que se encuentran los ex marinos Jorge 'Tigre' Acosta y Alfredo Astiz, ante la apelación presentada por el fiscal Raúl Pleé.

La decisión de frenar la excarcelación fue adoptada por la misma sala de la Cámara de Casación Penal que este jueves dispuso liberar a los ex represores. La decisión provocó el enfado de la presidenta Cristina Fernández, quien dijo sentir "vergüenza" por la resolución.

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El fiscal Pleé planteó la apelación ante la Cámara de Casación y anunció que está dispuesto a llegar con un recurso hasta la Corte Suprema de Justicia, para evitar que sean excarcelados los acusados de violaciones a los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la dictadura.

El fiscal sostuvo en su planteo que la decisión de Casación "pone en serio riesgo a la Nación Argentina de ser sancionada internacionalmente por arriesgar innecesariamente la concreción del debido proceso en causas en las que se ventilan graves violaciones a los derechos humanos".

"Existen sobradas muestras de la especial capacidad demostrada por los imputados de la comisión de crímenes durante la dictadura para ocultar y destruir pruebas e intimidar. Lo mismo se observa sobre los medios a su alcance para lograr la impunidad con su fuga", agregó Pleé.

"Se trata de crímenes cometidos desde el Estado, por una asociación criminal compuesta por un vasto, complejo y poderoso entramado de sistemas delictivos integrados por numerosas personas que, aún hasta hoy, han conseguido permanecer impunes por estos delitos", añadió.

"Al perpetrarse los crímenes de lesa humanidad imputados se buscó sistemáticamente el ocultamiento de rastros del delito con la finalidad de lograr la impunidad futura", sostuvo el fiscal y cuestionó los argumentos usados para ordenar el cese de la prisión preventiva y los calificó de "arbitrarios".

 
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