Aumenta el número de miembros del CGPJ partidarios de endurecer la sanción al Juez Tirado

Apenas faltan unas horas para que se resuelva una de las grandes polémicas de estos últimos meses: la sanción al juez Tirado, el magistrado que dejó en libertad al presunto asesino de la pequeña Mari Luz. Mañana el pleno del Poder Judicial decidirá sobre este asunto y, a pesar de que la semana pasada los vocales conservadores optaron por mantener la multa de 1.500 euros, esta tarde, algunos miembros del Consejo han celebrado una reunión previa y parece que la suerte todavía no está echada.

El número de vocales partidarios de endurecer la sanción al Juez Tirado ha ido creciendo en las últimas horas. De hecho, hemos pasado de una abrumadora mayoría de miembros del Consejo que la semana pasada se mostraba a favor de mantener la multa de 1.500 euros para el Juez que no encarceló al presunto asesino de la pequeña Mari Luz a prácticamente un empate técnico. La tesis que ha ganado fuerza es la de calificar los hechos como falta muy grave y suspender de empleo y sueldo al titular del Juzgado número 1 de Sevilla por un periodo no superior a 2 meses.

En este punto coinciden, según fuentes consultadas por la SER, miembros del Consejo propuestos tanto por el PSOE, como por el PP. Algunos de ellos jueces de carrera, que se sumarían a los vocales que se han mostrado desde el principio partidarios de aumentar la sanción a Rafael Tirado: la portavoz Gabriela Bravo, Almudena Lastra y José Manuel Gómez Benítez.

La propuesta que elevará al Pleno el vocal Félix Azón y que la Cadena SER adelantó el pasado jueves plantea mantener la sanción de 1.500 euros al Juez Tirado o suspenderle por un periodo no superior a 6 meses, lo que impediría el traslado forzoso a otro Juzgado.

Caso Fabra

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El expediente al Juez Tirado no es el único asunto que puede hacer saltar por los aires la unanimidad y el consenso del que ha venido haciendo gala el nuevo Consejo del Poder Judicial. El Pleno también desvelará mañana el nombre del próximo Presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, donde llegan los recursos del Caso Fabra.

Carlos Domínguez opta a la reelección, apoyado por el sector conservador, entre ellos Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo y ex Conseller de Justicia del Gobierno que preside Francisco Camps, uno de los firmes aliados de Carlos Fabra. Un amplio sector judicial no duda en señalar la buena relación que existe entre Carlos Domínguez y Carlos Fabra. Fabra está imputado por varios presuntos delitos contra la Administración Pública y Fraude Fiscal.