El Gobierno adoptará medidas contra el paro sin el acuerdo de los agentes sociales
Los sindicatos valoraron positivamente algunas de estas iniciativas, pero no el conjunto del paquete, al igual que hicieron los empresarios
El Gobierno ha decidido aprobar las medidas que venían discutiéndose en el diálogo social, sin contar con el respaldo de sindicatos y empresarios, quienes en general consideraron que las medidas se quedan cortas y resultarán insuficientes para frenar la destrucción de empleo.
Tras reunirse la comisión de seguimiento del diálogo social, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha comparecidoante la prensa para explicar las medidas de las que el Gobierno piensa informar en el Consejo de Ministros del próximo viernes, y cuya entrada en vigor se producirá dentro de "un par de meses".
Más información
- La afiliación de extranjeros cae en febrero por séptimo mes consecutivo
- El Gobierno aprobará las medidas urgentes para el empleo el próximo viernes
- El número de parados roza ya los 3,5 millones
- Los trabajadores de una subcontrata de Inditex se concentran en un Zara de Tarragona
- El superávit de la Seguridad Social cayó un 27% en febrero de 2009
- CCM y Unicaja alcanzan un principio de acuerdo para su integración
Corbacho ha explicado que algunas necesitarán instrumentación legal, vía decreto-ley y con tramitación de urgencia, por lo que deberán ser convalidadas en el Parlamento. El ministro, que ha admitido que no se ha alcanzado un acuerdo, ha recordado que el Gobierno se comprometió a no adoptar medidas sin el consenso de los agentes en el caso de reformas laborales, pero no en el resto de iniciativas laborales.
Entre las medidas que adoptará el Ejecutivo se encuentra la de eliminar los periodos de espera entre el fin de la prestación contributiva por desempleo y el cobro del subsidio asistencial, y facilitar la contratación indefinida de trabajadores en paro que cobren prestación (tanto contributiva como asistencial) para utilizarla como una bonificación dirigida al empresario que contrate a estos trabajadores.
Así, de aprobarse la medida tal y como está actualmente diseñada, la empresa que contrate a estos trabajadores podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, hasta alcanzar un máximo equivalente al importe de la prestación que el parado tuviera pendiente de recibir a la fecha del contrato, con un límite para la bonificación de tres años y con la obligación de mantener en el empleo al trabajador contratado durante al menos un año (si le despide antes, la empresa tendrá que devolver las bonificaciones de las que se hubiera beneficiado).
Otra de las iniciativas que parece que finalmente saldrá adelante es la de reponer, con límites, las prestaciones por desempleo a los trabajadores a los que se les haya suspendido el contrato de trabajo por causa de un expediente de regulación de empleo (ERE) de suspensión temporal que deviene en definitivo.
Los sindicatos valoraron positivamente algunas de estas iniciativas, pero no el conjunto del paquete, al igual que hicieron los empresarios, que insistieron en que se necesita una reforma mucho más amplia que incluya el abaratamiento de los costes del despido y la reducción generalizada de las cotizaciones sociales.
