Los polémicos gastos de los diputados británicos se cobran sus primeras víctimas
El asesor parlamentario de Cameron dimite por reclamaciones "inaceptables" y un laborista es suspendido por pedir una hipoteca vencida
La tormenta política desencadenada en Reino Unido por la publicación de los gastos reclamados por los diputados se ha cobrado sus primeras víctimas una semana después y tanto el Partido Laborista como el Conservador han visto este jueves bajas en sus filas por las consecuencias de un escándalo que ha afectado a la confianza en la clase política a un año de las elecciones generales y menos de un mes de las europeas.
Más información
El primer ministro, Gordon Brown, anunciaba a primera hora de la tarde la suspensión del grupo parlamentario de Elliot Morley, un ex miembro del Gobierno que había reclamado la devolución de los intereses de una hipoteca ya vencida en 2006. Sin embargo, el movimiento se produjo ya horas después de que un asesor parlamentario del dirigente 'tory', David Cameron, dimitiese por las "inaceptables" reclamaciones presentadas con cargo al erario público.
El diputado conservador Andrew MacKay reclamó casi íntegramente las 23.000 libras a las que tienen derechos los miembros de Westminster en concepto del polémico ''permiso de segunda vivienda'', pese a que su esposa, una compañera de filas en el Legislativo británico, había disfrutado también del máximo de este derecho parlamentario.
No obstante, se trata de una situación que, como las desveladas desde hace una semana por el diario 'Daily Telegraph', no representa una vulneración de la normativa, sino un cuestionamiento del sistema que rige en la Cámara de los Comunes, actualmente sometido a revisión por una comisión que presentará su informe en la segunda mitad de año.
Hasta entonces, diputados de todos los grupos han estado durante la última semana enfrentándose a la condena del aparato mediático británico, que llevó a Gordon Brown el lunes, tres días después del estallido del escándalo, a pedir "perdón en nombre de todos los partidos" y a Cameron a trazar un manual de conducta para sus filas, que pasa por devolver las partidas injustificadas o afrontar su salida del grupo parlamentario, cuando falta menos de un año para la elaboración de las candidaturas para los comicios de 2010.
Reacciones
En este sentido, el dirigente conservador se ha anotado el punto de ser el primero de los líderes británicos en tomar acciones concretas y, con la confianza de encuestas que lo sitúan en el número 10 de Downing Street el próximo verano y un notable control del partido, ha impuesto a los suyos una batería de medidas que no sólo pasan por la devolución del dinero, sino por la publicación inmediata en internet de cada una de las reclamaciones que presenten a partir de ahora.
Al mismo se comprometió a reabonar la factura de 680 libras que presentó en su día por el arreglo de su chimenea, si bien seguirá reclamando gran parte de las 23.000 libras a las que los parlamentarios tienen derecho en concepto de ''permiso de segunda residencia''.
El movimiento de Cameron forma parte de una carrera emprendida por miembros de todos los partidos que han ido expresando su voluntad de devolver parcialmente las partidas que han provocado el escándalo y con las que pretenden aplacar las iras de los electores de sus respectivas circunscripciones, de los que depende en última instancia su continuidad en el Parlamento en la próxima legislatura.
El propio Cameron ha exigido esta condición a sus compañeros de filas para mantener el escaño en Westminster, si bien, hasta ahora, la cantidad más importante que ha trascendido son las 41.000 libras que un secretario de Estado del Ministerio de Sanidad ha anunciado que retornará al erario público.
Evolución
En este sentido, los laboristas se han puesto a la cabeza con la devolución de cerca de 100.000 libras, por las cerca de 20.000 que suman los conservadores, según datos revelados por el diario 'The Guardian', y que van en la línea de la actuación del primer ministro, Gordon Brown, quien ya hace más de dos semanas había propuesto una reforma radical del sistema vigente que permitiese sustituir el polémico ''permiso de segunda residencia'' por dietas.
Sin embargo, las propuestas de Brown, que en todo caso tendrían un carácter interino, a la espera de las propuestas de la Comisión de Estándares en la Vida Pública que actualmente se encarga de elaborar una reforma que se prevé que presente en la segunda mitad de este año, toparon con la falta de consenso de los grupos, incluido el suyo, y la votación se limitó a reformas menores.
Brown asumió este jueves la necesidad de "cambiar urgentemente el sistema", aparte de que ya está en marcha la revisión de cada una de las reclamaciones presentadas en los últimos cuatro años por una auditoría completamente independiente que estudiará los casos de los 646 miembros de la Cámara a partir de una inversión que costará a las arcas públicas un total de 600.000 libras.
