De la Vega subraya que el Gobierno ha cumplido la ley y anuncia un protocolo para gestionar estas crisis

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha recalcado este miércoles que el Ejecutivo ha cumplido la ley "de manera escrupulosa" en la gestión del secuestro del buque 'Alakrana' y ha anunciado que el Gobierno está dispuesto a activar un "protocolo para la gestión de crisis de incidentes de ese tipo".

"Hemos cumplido la ley de principio a fin. Las 24 horas, de los 47 días que ha durado el secuestro y hasta que hemos logrado su liberación", ha manifestado ante el pleno del Congreso. Además, ha asegurado que el Gobierno ha "tomado nota" de las críticas "constructivas y razonadas" y que espera que todo el mundo haya extraído "enseñanzas" de este incidente.

Sin detalles

En su comparecencia, De la Vega no ha dado detalles de la operación de liberación del buque pero sí se refirió a dos de los puntos más polémicos, la detención de dos de los piratas y el episodio en que los secuestradores anunciaron que habían bajado a tierra a tres tripulantes.

Sobre este punto, no ha querido entrar en detalles "por razones de seguridad" pero sí ha asegurado "que el Gobierno supo en todo momento donde estaba la tripulación" y que, ese día, sus actuaciones y expresaiones pretendieron "garantizar la seguridad" de los tripulantes. "Sabíamos donde estaba la tripulación, toda la tripulación y las garantizo que así fue en todo momento y de manera permanente", ha aseverado.

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Además, ha anunciado que fue ese día cuando el Gobierno fue consciente de que el secuestro podía "estar llegando a su fin" y de que se iniciaba "la cuenta atrás para la liberación" y que por eso el jefe del Ejecutivo llamó al líder del PP para pedirle discreción.

Detención de los piratas

La ministra de la Presidencia se ha detenido una vez más en subrayar que la detención y traslado a España de dos piratas dos días después del secuestro no fue "una opción" sino "una obligación" legal. Ha recordado, en concreto, que la operación Atalanta obliga a detener a los sospechosos de piratería y ha añadido que "al tratarse de un barco español y contra ciudadanos españoles" la competencia para juzgarlo corresponde a los tribunales españoles.

En eso coinciden, aseguró, el Gobierno, el servicio jurídico del Estado, la fiscalía de la Audiencia Nacional, los dos jueces centrales de instrucción que han intervenido y todos los magistrados la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.