Salgado llama a la unidad para defender la Ley de Economía Sostenible

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha dicho que el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros no es "franquista", tal como apuntó el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro.

Tras conocer las palabras del dirigente popular Cristóbal Montoro en las que señalaba que la Ley de Economía Sostenible era "de otros tiempos" y propia del "desarrollismo franquista", Salgado respondió que se trata de "una ley llena de propuestas, no una ley franquista". En este sentido, afirmó que "lo que es franquista es mirar al pasado y no al futuro y eso es los que ellos", en referencia al PP, "hacen constantemente". "De franquismo saben ellos mucho más que yo", aseveró.

Así se pronunció en Santander, donde mantuvo un encuentro con cargos orgánicos e institucionales del PSOE de Cantabria y donde aprovechó para responder a las críticas de la oposición. En su opinión, la nueva Ley junto a otras medidas que el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero presentará el próximo 2 de diciembre en el Congreso de los Diputados, "diseña un proyecto de país para el futuro democrático" en el que las decisiones deben ser "compartidas".

En este sentido, solicitó a los partidos políticos y grupos parlamentarios, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a los agentes sociales que "se sumen" al diálogo para definir la estrategia de economía sostenible que plantea el Ejecutivo. En concreto, Salgado se refiere a los populares que "si no son capaces, como no los son, de poner sobre la mesa ninguna propuesta, al menos que sean capaces de estudiar y reconocer las que los socialistas hacemos".

Ley Horizontal

La ministra destacó que la nueva ley responde a un "modelo horizontal" que tiene en cuenta a todos los sectores. Así, explicó que, entre otras cosas, reducirá a partir de 2013 los plazos de pagos de las administraciones públicas a autónomos y pymes de 60 a 30 días como máximo desde la expedición de los certificados de obra; y se establecerá un mayor control en las entidades locales para que paguen las facturas de los proveedores en tiempo y forma.

Además de estos cambios, el anteproyecto incorpora mejoras en los organismos reguladores, con la finalidad de dotarlos de mayor independencia y transparencia. Para garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, se creará un grupo especial de evaluación del gasto que analizará tanto los programas de gasto como la estructura y procedimiento de los diversos ministerios y organismos públicos, y realizará recomendaciones para incrementar su eficiencia.

Asimismo, se presentará un plan de austeridad y calidad del gasto y un plan de racionalización del sector público empresarial y de la estructura de la Administración Pública. En materia de contratación pública y colaboración público-privada, los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o cuando concurran causas de fuerza mayor. Además, los modificados no podrán superar el 20% del precio inicial y se aumenta el porcentaje de subcontratación que se puede exigir a los contratistas, que pasa del 30% al 50%, con el fin de fomentar la participación de las pymes en la contratación pública.

La Ley de Economía Sostenible también contempla medidas en aras de la simplificación administrativa. Así, se reducen los plazos para la creación de empresas: se reforma la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada estableciendo un plazo máximo de cinco días cuando el capital social se sitúe entre 3.100 y 30.000 euros, con un coste máximo de 250 euros, y de un día de plazo cuando el capital se sitúe entre los 3.000 y 3.100 euros, con un coste máximo de 100 euros. El anteproyecto incorpora, asimismo, medidas fiscales de impulso a la I+D+i, a la rehabilitación de viviendas, al alquiler y a la mejora medioambiental.