El juez tendrá cuatro días para bloquear contenidos que vulneren derechos de autor

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy las nuevas medidas sobre las descargas en Internet contenidas en una disposición adicional del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha explicado que el modelo elegido por el Gobierno para atajar el problema de las descargas que vulneren los derechos de autor en Internet es un "sistema mixto".

Cuando un titular de derechos de autor considere que su obra está siendo explotada sin licencia, podrá presentar una denuncia a la Comisión de Propiedad intelectual. Ésta analizará el caso y lo remitirá a un juez de la Audiencia Nacional de lo contencioso-administrativo, el cual tendrá un plazo de cuatro días para autorizar el bloqueo de esos contenidos concretos.

Según González-Sinde, esta medida lucha "contra quienes se enriquecen ilegalmente y se aprovechan de otros". "La Administración y los jueces, que deberán decidir rápidamente, tienen cada uno su papel en este proceso", ha apostillado.

Este tema ha sido muy controvertido en las últimas semanas. Incluso Zapatero llegó a precisar que no se cerraría ningún sitio en Internet sin la previa intervención de un juez. Por su parte, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, declaró el pasado 22 de diciembre en el Congreso que "ningún ciudadano será desconectado de Internet sin la intervención de un juez", respondiendo así a una interpelación urgente del PP para que el Gobierno aclarase su postura en torno a la posibilidad de cerrar páginas web sin autorización judicial.

Entonces, el PP recriminó a la titular de Cultura su "falta de liderazgo" en la resolución de este asunto, "que se ha cocinado desde Presidencia de Gobierno sin su consentimiento", criticó el diputado José María Lassalle.

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Tras conocerse las intenciones del Gobierno, el PP calificó de "razonable" que el Ejecutivo exija autorización judicial previa para cerrar páginas webs aunque también expresó sus dudas de que "ésta sea realmente su intención" dados los vaivenes que, a su entender, ha mostrado el Gobierno con la llamada ''ley antidescargas''.

El rechazo de la Red

Por su parte, la propuesta inicial del Gobierno encontró el rechazo de gran parte de la Red, cuyo principal exponente fue el manifiesto ''En defensa de los derechos fundamentales en Internet'' suscrito por periodistas, bloggers e internautas. Este documento, apoyado por más de 200.000 personas a través de Facebook, protestaba por la inclusión de modificaciones legislativas "que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet".

Precisamente, un pequeño grupo de los firmantes de este documento comenzaba una serie de reuniones con representantes políticos para modificar la citada disposición. Los blogueros Ignacio Escolar, Enrique Dans o Julio Alonso, entre otros, iniciaron esta ronda con representantes del ministerio de Cultura, si bien no consiguieron llegar a un acuerdo. Por el contrario, sí recibieron el apoyo de PP, IU, CiU y Coalición Canaria, arrancando incluso de los ''populares'' una promesa de acudir al Tribunal Constitucional en caso de salir adelante esta medida.

Por su parte, la Asociación de Internautas también criticó una medida "totalmente confusa", al considerar fuera de lugar "propuestas de este tipo tras la aprobación del canon digital". Esta organización tiene previsto reunirse este sábado junto a varios representantes del sector y artistas para "plantear y coordinar las necesarias acciones para la defensa de los derechos civiles en Internet".