Juzgan al personal de Iberia que colapsó El Prat en julio de 2006
A lo largo de la prostesta fueron cancelados más de 544 vuelos y 22 más tuvieron que ser desviados otros aeropuertos
El juicio contra los trabajadores de Iberia y los dos representantes sindicales que colapsaron el aeropuerto de El Prat invadiendo sus pistas en julio de 2006 empieza este viernes en la Audiencia de Barcelona.
La Fiscalía solicita penas de entre dos años y medio y cuatro años de cárcel para 27 de las personas implicadas y pide el sobreseimiento provisional de la causa para el resto, por no considerarse "suficientemente justificada" su participación.
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UGT ha convocado a las 9 horas una concentración ante la Audiencia para apoyar a los trabajadores imputados. Según el escrito de la Fiscalía, el 28 de julio de 2006, Omar M.G., que ocupaba el cargo de secretario de política institucional de la Federación de Transportes de UGT, y José Luis G.P., secretario general de la Federación de Transportes de UGT en el Baix Llobregat, convocaron a los trabajadores a una asamblea para decidir las medidas de presión a aplicar después de que la empresa Iberia perdiera el handling que prestaba en el aeropuerto.
Durante esta huelga "de carácter pasivo" los trabajadores dejaron de recoger las maletas o llevarlas a los aviones que pretendían embarcar y tampoco facilitaban las escaleras para el desembarque.
Según la Fiscalía, más tarde, unas 400 personas, entre las que se encontraban los acusados, "siguiendo las instrucciones" de los representantes sindicales, ocuparon las pistas, abandonando toda clase de vehículos Iberia con las llaves rotas o sin ellas.
Permanecieron allí durante varias horas, "a sabiendas del peligro que con ello estaban generando" y a pesar de los requerimientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "para que depusieran su actitud".
La actuación de la Sección de Intervención Rápida de la Guardia Civil hizo que los trabajadores fueran abandonando las pistas, a excepción de algunos de los acusados, que tuvieron que ser "perseguidos".
A lo largo del 28 de julio de 2006 fueron cancelados más de 544 vuelos y 22 más tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos. Durante el día fue necesario que despegaran diez aviones, "con el riesgo que ellos supuso para los pasajeros". El fiscal asegura que la actuación de los acusados generó "caos y pánico" que culminaron en "varias emergencias médicas".
Tanto el personal como los representantes de UGT están acusados de delitos contra el tráfico aéreo y de desobediencia grave. A algunos de ellos también se les imputa un delito de resistencia a los agentes de la autoridad. Las penas solicitadas por el fiscal van entre los 4 años -para los representantes sindicales- y dos años y seis meses.
