El Defensor del Pueblo investiga a Madrid por dejar desamparados a menores inmigrantes

El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación a la Comunidad de Madrid por un posible incumplimiento de la ley de extranjería al negarse a asumir la tutela de menores inmigrantes con pasaporte en vigor aludiendo que los documentos son falsos y en base a pruebas óseas. Mientras el Ministerio de Trabajo e Inmigración habla directamente de "prácticas de dudosa legalidad" del gobierno de Esperanza Aguirre. Todo a raiz de un caso que el viernes pasado desveló la Cadena SER.

La oficina del Defensor del Pueblo se ha puesto en contacto ya con la Comunidad de Madrid para pedirle explicaciones por su actuación con el menor camerunés al que había retirado la tutela el pasado jueves.

Desde que el viernes la Fundación Raíces y los dos abogados del menor presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo. La institución decidió abrir inmediatamente una investigación para que el Instituto del Menor explique por qué se le han repetido las pruebas oseométricas a ese menor y, sobre todo, en qué se basa para no fiarse del pasaporte validado por el propio el embajador camerunés en España y en el que se veía que ese joven había nacido en mayo de 1992. María Luisa Cava de Llano es la adjunta al Defensor lo tiene claro. Entre la imprecisión de la prueba ósea y un pasaporte validado se decanta por fiarse de la documentación.

"Todo lo que sea favorecer la menor o atender al interés del menor, ahí nos van a encontrar", ha dicho María Luisa Cava de LLano, aunque ha manifestado su preocupación por el uso de "estos métodos para no atender a los menores".

El Defensor quiere conocer además otros 18 casos denunciados por ONG's madrileñas. Cava de LLano propone que se reelaboren las tablas de las pruebas óseas de la muñeca que se usan para fijar la edad y que se tengan en cuenta las condiciones étnicas o nutricionales de estos menores para que el margen de error se reduzca y no sea, como ahora, de hasta 18 meses.

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El Gobierno asegura que Madrid incurre en casos de "dudosa legalidad"

El Gobierno estatal pide sentido común a la Comunidad de Madrid para que no deje en situación de desamparo a los menores inmigrantes aún cuando esté en duda su edad. Ante la polémica decisión del Instituto del Menor de Madrid de retirar la tutela a 19 menores subsaharianos basándose en pruebas óseas de clínicas privadas que apuntaban a que superaban los 18 años, el Ministerio de Trabajo pide al gobierno de Esperanza Aguirre que antes de dejar a los chicos en la calle los proteja hasta que no haya ninguna duda sobre su edad.

Y más como el caso que la SER contó el pasado viernes, en el que el menor contaba con pasaporte con certificado de autenticidad de su embajada. La directora general de Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodríguez, asegura que hay que actuar con sentido común y, ante todo, amparar a los menores y no incurrir en "esta dudosa legalidad".

"Siempre ante la duda, hay que primar la prevención", ha asegurado Estrella Rodríguez. "Luego ya hay tiempo sufucente para investigar", ha añadido. Según Rodríguez, Madrid contraviene la línea de actuación de la mayoría de Comunidades Autónomas que, a instancias de las Fiscalías, suelen fiarse más de los pasaportes auténticos que de las pruebas óseas.

La Comunidad de Madrid se defiende

Ante las acusaciones por desproteger a menores inmigrantes, la Comunidad de Madrid también ha salido a defenderse. Más en concreto, la gerente del Instituto del Menor, Paloma Martín, ha declarado a la SER que si el Defensor del Pueblo abre una investigación y realiza unas conclusiones "serán atendidas y tenidas en consideración".

Martín ha explicado que los abogados de la Comunidad de Madrid han denunciado la posible falsedad de los pasaportes de las personas que "habiendo entrado en España de manera ilegal y sin documentación alguna, fueron declarados mayores de edad por decreto de Fiscalía y cuentan también con orden de expulsión del ministerio de Interior".

La gerente del Instituto del Menor ha argumentado que después de emitirse esa orden de expulsión, han llegado a Madrid seis meses más tarde y han obtenido el pasaporte con fecha posterior a su entrada en España. Martín ha informado de que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han consultado al Consulado sobre la autoridad competente para emitir pasaporte y si hay registros donde conste la fecha de nacimiento con anterioridad a la emisión del pasaporte.