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Los sindicatos retrasan la huelga en el sector público del 2 al 8 de junio

Quieren mostrar su oposición a la decisión del Gobierno de rebajar en un 5% de media el salario de los funcionarios

La huelga prevista en el sector público para el próximo 2 de junio se ha retrasado hasta el día 8 del mismo mes, tras una reunión mantenida hoy por representantes de los sindicatos CC.OO., UGT y CSI-CSIF, según fuentes sindicales.

Los sindicatos han decidido retrasar seis días la huelga a la espera de que el Gobierno concrete en el Consejo de Ministros del próximo jueves, en el que se aprobarán las últimas medidas de ajuste, la dimensión real del ''tijeretazo'' del 5% a los sueldos de los funcionarios.

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"Es una cuestión de plazos", según el secretario nacional de formación de CSI-CSIF, Miguel Borra. Los sindicatos están esperando, por ejemplo, a que se clarifique "a quién va a afectar realmente" la medida y si también se aplicará en las empresas públicas.

Hasta ahora, la única explicación dada desde el Gobierno más allá del anuncio realizado el pasado miércoles por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido la ofrecida por la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega tras el Consejo de Ministros del viernes. Según dijo, el Gobierno aplicará estos recortes a todos los empleados públicos funcionarios, estatutarios y laborales dependientes de las distintas administraciones públicas, así como a los directivos del sector público empresarial.

Además, especificó que los trabajadores de estas entidades no verán mermado su sueldo al estar sujetos al ámbito de la negociación colectiva. Por último, De la Vega precisó que la Mesa General de negociación de Administración General del Estado se reunirá esta semana para empezar a negociar todos estos recortes salariales de los funcionarios.

Movilizaciones

Por otro lado, las organizaciones sindicales han acordado llevar a cabo el próximo 20 de mayo movilizaciones conjuntas en las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias españolas, así como iniciar una recogida de firmas de empleados y empleadas públicas y de los órganos unitarios de representación para entregarlas tanto en el Congreso de los Diputados como en la delegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas.

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