El Poder Judicial se opone a conceder el traslado de Garzón a La Haya

Baltasar Garzón cuenta con el respaldo de cuatro de las cinco instituciones a las que el Poder Judicial se ha dirigido para preguntarles si se puede conceder un permiso por servicios especiales a un juez que ha sido suspendido temporalmente de funciones. Los últimos en llegar han sido el del Ministerio Fiscal, el de la sala segunda del Tribunal Supremo y el del Secretario General del Consejo, Celso Rodríguez Padrón. Este último es el único que pone pegas al traslado.

Rodríguez Padrón entiende que con la ley en la mano no es posible conceder un permiso por servicios especiales al magistrado de la Audiencia Nacional para que se incorpore a la Corte Penal Internacional según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por la SER. No cabe permiso por servicios especiales pero sí concederle la autorización. Según estas citadas fuentes, de esta forma un eventual permiso podría tener efectos en el salario que percibirá Garzón e incluso en su plaza como juez de la Audiencia Nacional. Se trata, en definitiva, "de seguir humillándole", concluyen.

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La Fiscalía y el Supremo dan su visto bueno

El fiscal entiende que la Ley no impide conceder este permiso a un magistrado suspendido provisionalmente de funciones. Cuestión distinta sería que la suspensión fuera definitiva, en virtud de sentencia firme. Lo contrario, dice el informe de la Fiscalía, supondría "una limitación significativa del derecho a la presunción de inocencia"

El Tribunal Supremo también ha informado sobre este asunto. Lo ha hecho en apenas siete líneas para señalar que en ninguna de las tres causas que tiene abiertas el magistrado de la Audiencia Nacional se han adoptado medidas cautelares, con lo que el Órgano de Gobierno de los Jueces podrá resolver lo que estime oportuno.

Ninguno de estos informes es vinculante y la decisión definitiva la adoptará la Comisión Permanente en su reunión de esta tarde.

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