Acoso al volante
Desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Vial se ha multiplicado por cinco el número de conductores que han ingresado en prisión y se han registrado 233.000 condenas penales.
La mayoría de las condenas se han fijado por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas o circular sin permiso. Además, hoy el fiscal de seguridad vial, Bartolomé Vargas, ha anunciado que dará instrucciones específicas a la policía judicial para frenar los crecientes casos de acoso al volante.
La Fiscalía quiere perseguir estas acciones como conducción temeraria, castigada con penas de hasta dos años de cárcel y anima a los conductores a que denuncien estos casos. Además, ha avanzado que la instalación de inhibidores, ocultación de matrículas, manipulación del tacógrafo o incluso el tuneado del automóvil serán algunos de los indicios que se tendrán en cuenta para el posible decomiso del vehículo, una reforma legal que entrará en vigor en diciembre.
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La última reforma del Código Penal, aprobada recientemente, introduce el decomiso del vehículo como medida complementaria a las penas por delitos más graves contra la seguridad vial. En este sentido, el fiscal ha dado, en rueda de prensa en Madrid, algunas "reflexiones" sobre los criterios que se van a utilizar para pedir el decomiso cuando entre en vigor la reforma.
Así, serán motivos para que un fiscal pida la retirada del vehículo la reincidencia, la gravedad de la pena, las manipulaciones que alteren las condiciones legalmente prescritas para la circulación -lo que Vargas ha descrito como "vehículos tuneados"-, la utilización de tacógrafos manipulados, de mecanismos como los inhibidores de radares u ocultar la matrícula.
En estos casos, Vargas ha explicado que se demuestra "una relación criminógena" del conductor con su coche y, por tanto, el decomiso está justificado. Es decir, un conductor que comete un delito -por exceso de velocidad, por no tener carné o por altas tasas de alcoholemia- y tiene instalado un inhibidor de radar es que tiene intención de volver a delinquir, según ha explicado Vargas, y, por tanto, está justificado el decomiso par evitar que lo haga.
Por el contrario, Vargas ha asegurado que se tendrá en cuenta otro tipo de criterios "subjetivos", "tan importantes o más que los otros", para no decomisar el vehículo. Así, se tendrá en cuenta para no efectuar un comiso la situación económica y personal del penado y, especialmente, la necesidad que tenga el infractor del mismo para desempeñar su trabajo.
En cualquier caso, el fiscal ha subrayado que no se va a "decomisar de manera indiscriminada" y que se hará "una valoración conjunta de todos los criterios". En este punto ha insistido en que se evaluará "caso por caso" y pensando en la reinserción del conductor. De hecho, Vargas ha apuntado que en algunos casos esta medida podrá ser considera "sustitutiva de la prisión", que es "lo último que un fiscal desea siempre".
