El 98% de los controladores aéreos apoya la huelga, que aún no tiene fecha concreta

El 98% de los controladores aéreos pertenecientes a la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha votado a favor de iniciar una huelga en las próximas fechas, frente al 0,96% que se mostró en contra.

Según fuentes del sindicato, la participación en la consulta ha alcanzado los 1.883 trabajadores, un 92% del total, de los que unos 1.845 se han mostrado a favor de los paros.

Ante estos resultados, la junta de USCA, reunida en estos momentos, tomará la decisión de convocar una huelga en los próximos días, aunque al tratarse de un servicio público deben convocar los paros con un mínimo de diez jornadas de antelación.

El secretario de comunicación del sindicato, César A. Cabo, señaló esta mañana que los paros se realizarán a partir del 14 de agosto, si bien "no hay fecha marcada todavía".

No obstante, al tener que avisar con 10 días de antelación, las fechas más probables sitúan los paros después del 15 de agosto, quizá a partir del día 18 ó 20.

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El responsable sindical explicó que la huelga se debe al "gran malestar" existente en el colectivo por el conflicto existente con Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y el Ministerio de Fomento, hasta el punto de que un 10% de los controladores ha solicitado la escisión de su contrato.

Dentro de esta negociación se encuentran diversas materias, como los turnos de descanso, el establecimiento de una jornada laboral estable o el salario que perciben.

Una vez establecido el comité de empresa, el siguiente paso consistirá en la fijación de unos servicios mínimos, que según confirmó el ministro de Fomento, José Blanco, "garantizarán el tránsito aéreo", aunque los controladores "serán abusivos", por lo que ya han anunciado su intención de recurrirlos.

Controladores militares

Los Ministerios de Fomento y Defensa han iniciado los trámites para habilitar la posibilidad de que los controladores militares puedan suplir a los civiles en "situaciones excepcionales", para lo que según el responsable de Fomento, José Blanco, podrían estar listos "muy pronto".

Sin embargo, Cabo considera que esta medida sería "un parche que no solucionaría el problema", ya que en aeropuertos con mucha intensidad sería "una locura que atentaría contra la seguridad".

Precisamente los centros que podrían verse más afectados por la huelga serán los que registran un mayor tráfico aéreo, encabezados por el centro de control de Madrid, ubicado en Torrejón de trabajan cerca de 400 controladores, y el de Barcelona-El Prat, con unos 140 controladores.

Arduas negociaciones sin frutos

Tras seis meses de arduas negociaciones, y pese a comprometerse ambas partes públicamente a lograr un acuerdo para poner fin al conflicto generado entre AENA y los controladores en torno a la renovación del convenio a las puertas del verano, parece que la renovación al frente de la junta directiva de USCA, que preside Camilo Cela, en lo que calificaron entonces como "una nueva etapa" en sus relaciones, no ha dado sus frutos.

El detonante de la que será la primera huelga legal del colectivo desde 1988 fue la aprobación la pasada semana del real decreto, que regula los nuevos tiempos de actividad y descanso del colectivo y que fija un descanso obligatorio de 30 minutos cada dos horas de actividad.

La nueva norma establece el límite mensual de actividad operacional en 200 horas con descanso mínimo de 184 horas distribuidas en al menos tres periodos de descanso. Al año, la jornada se mantiene en 1.670 horas, más las 80 extraordinarias que permite el Estatuto de los Trabajadores.

El Gobierno redujo en febrero su sueldo desde los 350.000 euros anuales de media del salario del controlador hasta los 200.000 euros anuales, en torno a un 40%, con la aprobación de un Real Decreto, que fue validado en el Congreso, y que contempla sanciones y de medidas disciplinarias que pueden desencadenar en el despido del controlador si no se reincorpora a su trabajo dentro del horario establecido.

Además, el nuevo marco legal abole "privilegios" del sector como la licencia especial de retiro, conocida como LER, que consiste en una prejubilación a los 52 años en virtud de la cual se cobraba hasta los 65 años 170.000 euros anuales sin trabajar, además de incorporar el sistema de servicios de información de vuelo AFIS en los aeropuertos con menor tráfico y de liberalizar las torres de control, si bien el principal escollo en la negociación ha sido la modificación de los turnos y tiempos de descanso y el establecimiento de los polémicos ''servicios exprés''.