Bruselas da marcha atrás y no expedientará a Francia por discriminar a los gitanos
La Comisión Europea limita su expediente a una cuestión menor, la incorrecta aplicación de la norma de la UE sobre libre circulación de personas
La Comisión Europea ha decidido este miércoles, tras dos horas de debate, dar marcha atrás y no expedientar a Francia por discriminación en las expulsiones de gitanos rumanos que viene llevando a cabo desde el verano, tal y como había amenazado la vicepresidenta y responsable de Justicia, Viviane Reding.
El Ejecutivo comunitario se ha limitado a anunciar un procedimiento de infracción contra Francia a una cuestión menor, la incorrecta aplicación de la norma de la UE de 2004 sobre la libre circulación de personas. El lanzamiento de este expediente todavía puede paralizarse si París da garantías de que corregirá su legislación antes del 15 de octubre.
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La portavoz de la Comisión, Pia Ahrenkilde, ha justificado esta decisión en las garantías recibidas "al más alto nivel" por parte de Francia de que sus medidas de expulsión "no tenían como objetivo o como efecto concentrarse en una minoría étnica específica sino que han tratado a todos los ciudadanos de la UE de la misma forma".
La vicepresidenta de la CE y responsable de Justicia y Derechos Fundamentales, la luxemburguesa Viviane Reding, anunció el pasado 14 de septiembre que no tendrá otra opción que iniciar un procedimiento de infracción contra Francia basándose en una aplicación discriminatoria de la directiva de libre circulación de personas y en la no trasposición de las garantías procedimentales contempladas en esta misma directiva.
La comisaria se mostró especialmente molesta al haberse sentido engañada por el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, y el responsable galo de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, quienes en una reunión celebrada en Bruselas a finales de agosto le aseguraron que estaban respetando la normativa comunitaria y no estaban discriminando a los gitanos.
Poco después salió a la luz la polémica circular fechada el 5 de agosto que el Ministerio del Interior francés remitió a las fuerzas de seguridad con la orden de desmantelar todos los campamentos ilegales, especialmente los de gitanos.
