Un tribunal profesional juzgará a María José Campanario
El Tribunal Supremo estima el recurso de los acusados en la 'operación Karlos'
El Tribunal Supremo (TS) ha acordado que sea un tribunal profesional de la Audiencia Provincial de Cádiz y no un jurado popular quien juzgue a los acusados en la llamada 'operación Karlos', entre ellos la mujer del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido el recurso de algunos acusados en la 'operación Karlos' que investiga una presunta trama para defraudar a la Seguridad Social, entre ellos el de la esposa de Jesulín de Ubrique, María José Campanario. El Alto Tribunal revoca la decisión de la Audiencia de Cádiz y el caso será enjuiciado por un juzgado profesional y no por un jurado popular.
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El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de las defensas de los procesados en la denominada 'operación Karlos' y ha establecido que el juicio por esta causa se celebre ante una Sala de jueces profesionales, y no ante un jurado popular. Los magistrados entienden que el delito principal, que arrastra al resto, es el de estafa, que no es competencia del jurado, según establece la Ley.
El resto de imputaciones -falsedad en documental, actividades prohibidas a funcionario y cohecho- son, según la sentencia del Alto Tribunal, meras actuaciones instrumentales para lograr la estafa, dándose la circunstancia de que "por la propia naturaleza de las conductas, resulta imposible su tratamiento por separado en el juicio oral".
Los recurrentes, además de Campanario, son Carlos Carretero, José Luis López Fernández, María Rocío Morales, Remedios Torres, Juan José Vázquez y Francisco Casto.
Las investigaciones se iniciaron en octubre de 2005, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que Carretero -ex jefe de la Policía Local de Ubrique- podría encontrarse implicado en una trama organizada dedicada a la concesión de pensiones por incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales.
La investigación se saldó con la detención de 28 personas, entre ellas María José Campanario, como presuntas autoras de delitos de fraude a la Seguridad Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, y con la imputación de otras diez.
