El interventor judicial de los casos 'Malaya' y 'Atlético de Madrid' pedía comisiones en dinero negro

La Audiencia Nacional ha abierto diligencias informativas y ha enviado un oficio a la fiscalía de esta sede judicial, por si los hechos denunciados en la revista Interviú sobre el interventor Luis Romasanta pudieran revestir caracteres de delito.

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha abierto la investigación alertado por la posibilidad de que el presunto cobro de comisiones por parte de este interventor salpique a varios de los juzgados para los que estaba trabajando.

Unas diligencias que ha enviado además a la fiscalía de la Audiencia porque podrían ser constitutivas de un delito. Un presunto delito de cohecho cometido por el funcionario público por cobrar comisiones en dinero negro a cambio de facilitar la venta de bienes embargados por este Tribunal y que estaban bajo su supervisión.

Luis Romasanta es conocido en la Audiencia aunque no es de la plantilla. Pertenece al Cuerpo Superior de Interventores del Estado, dependiente del ministerio de Hacienda.

Desde el caso 'Atlético de Madrid', ha llevado la intervención judicial de bienes vinculados a la mafia rusa, la operación 'Malaya', el caso 'Saqueo', o la 'Leche negra'.

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Precisamente uno de los imputados en este caso de fraude comunitario ha grabado ocultamente conversaciones con Romasanta - según desvela el semanario Interviú - y en ellas éste reconoce que "le da igual coger la pasta de un lado, que de otro".

Fuentes de la Fiscalía anticorrupción han explicado a la Cadena SER que Romasanta no es "santo de su devoción" y que ya le denunciaron ante la Intervención General de la Administración del Estado por sus informes a la carta en el caso del ayuntamiento de Marbella. La Fiscalía sospechaba que Romasanta convalidaba jurídicamente los asuntos y acuerdos que convenían a los concejales del ayuntamiento presidido por Jesús Gil.

Romasanta figura como interventor en varios juzgados en la Audiencia Nacional pero también operaba en toda España. Según fuentes jurídicas, la preocupación por el efecto dominó del caso Romasanta ha hecho que todos los juzgados revisen los casos en los que ha intervenido.

Los interventores y administradores judiciales son funcionarios del ministerio de Hacienda, que los jueces habilitan para que vigilen las pertenencias o bienes de los imputados. En el caso de Luis Romasanta aparece como interventor en varios sumarios de la Audiencia Nacional y su misión era, en general, "administrar y gestionar las empresas, sociedades o bienes que han sido requisados por los jueces en el curso de una investigación".