¿Qué supone la 'ley Sinde'?
En resumen, cuando la 'Ley Sinde' salga adelante, los sitios web que faciliten la descarga gratuita y sin permisos de películas podrán ser perseguidos para su cierre. También los que permitan o faciliten enlaces descargas de videojuegos o música sin pagar derechos de autor
Más información
- El PSOE cambia su web oficial en defensa de 'ley Sinde'
- La Comisión de Propiedad Intelectual asegura que "la ley Sinde ha tenido efecto disuasorio"
- Jáuregui confirma que la ley Sinde "está en el orden del día" del Consejo de Ministros
- Wert: "Actuaremos contra quienes se lucren del trabajo intelectual de otros"
- El 1 de marzo comenzará a aplicarse plenamente la Ley Sinde
- Vagos.es cierra de manera cautelar tras una notificación de cultura
- El rechazo de la ley Sinde, celebrado on-line y lamentado entre los creadores
- Internet se moviliza de nuevo contra la ley Sinde
- Zapatero reconoce que decidió no aprobar la ley Sinde por el debate que se produjo en la red
Los internautas consideran que la ley va en contra de los propios principios de máxima libertad en las comunicaciones y acceso a contenidos que facilita internet. Estiman también que es una ley redactada al dictado de las multinacionales del cine y la música y que pondrá en peligro la libertad de expresión con el cierre de páginas. Otra crítica es la rapidez -cuatro días- con la que el juez tendrá que resolver esa medida drástica frente a lo que tardan otros procesos judiciales. Otras voces, como las de la Asociación de Internautas hablan directamente de una ley "con visos de inconstitucionalidad".
Finalmente, será un juez de la Audiencia Nacional el que finalmente pueda decretar el cierre de una página de internet que facilite descargas gratuitas de contenidos sujetos a derechos de autor. Antes, una nueva sección de la Comisión de Propiedad intelectual habrá elevado al juez la denuncia a instancias de un titular de derechos de autor o de sus representantes, que consideren vulnerados sus derechos. El juez interviene para evitar que el cierre de la página pueda vulnerar el derecho constitucional a la libertad de expresión. El juez de la Audiencia Nacional, oidas las partes implicadas tendrá un plazo de cuatro días para adoptar su resolución.
¿Afectará a los usuarios o a las plataformas P2P?
En principio, no. La ley no prevé la adopción de medidas contra quienes realizan las descargas. Tampoco contra las plataformas como eMule, que se sirven de los archivos alojados en los discos duros de los usuarios particulares. Si el texto fuese aprobado por el Congreso, el Gobierno tendría aún que componer la comisión encargada de la evaluación de las páginas.