La ley de Vivienda que prepara el Gobierno vasco genera recelos

Algunas organizaciones judiciales consideran que debe todavía mejorarse el proceso, mientras que los promotores inmobiliarios creen que atenta contra la propiedad privada.

En primer lugar el convertir el derecho a una vivienda en auténtico derecho exigible ante los tribunales. Y, en segundo lugar, el establecimiento de un canon que podrán imponer los ayuntamientos por un importe de 10 euros anuales por cada metro cuadrado útil de aquellas viviendas desocupadas, de forma continuada, durante más de dos años.

La propuesta del Gobierno vasco no es más que un primer paso. Es lo que esperan quienes llevan más de cuatro años reclamando una medida así. "No estamos hablando de actuar contra gente que tiene una o dos viviendas vacías, sino contra grupos de presión que tienen cientos de viviendas vacías" - asegura Daniel Jiménez, portavoz de vivienda en la Coordinadora Verde de Madrid y ex portavoz de la Asociación V de Vivienda. "Son los que han ocasionado el problema de la vivienda en nuestro país, que es el de la Unión Europea que más viviendas vacías tiene". "Es problema no de viviendas, que las hay, sino de especulación", dice.

Los promotores inmobiliarios no están tan de acuerdo

Eduardo Molet, presidente de la Red de Experos Inmobiliarios, considera que no se llegará a aprobar el proyecto en el País Vasco. Considera, además, que "es una medida electoralista que atenta contra la libertad del mercado", aunque están de acuerdo en la explotación forzosa de aquellas viviendas en las que se produzcan irregularidades. En la misma línea opina Ángel Hernández Román, consejero del Consejo de Administración de Fincas. "Igual que existe el derecho constitucional a la vivienda digna, existe un derecho constitucional a la propiedad. La vida de cada ciudadano es privada" - considera Hernández Román, que cree que lo que debería hacer la administración es "buscar estímulos para que los promotores las saquen al mercado, y que sean las suficientes - añade - para que las rentas no sean elevadas".

Los magistrados miran hacia las administraciones

Y por último los jueces, que advierten del sobrecargo de trabajo que padecen los tribunales. "Los tribunales no tienen viviendas, cómo se puede exigir ante uno que se le dé una. Al final se va a convertir en un derecho económico - dice Marcelino Sexmero, de la Asociación Francisco de Vitoria - que deberán proveer ayuntamientos y comunidades autónomas". Subvenciones que ya existen.

En cambio, para José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia, la medida "es necesaria, un hito importante en la profundización de este tipo de derechos para que el particular pueda acudir a un tribunal y que se haga efectivo ese derecho". Ramírez considera además que no es una intromisión en el derecho a la propiedad privada, porque "tal y como recoge la Constitución, su uso debe ser social". Los jueces coinciden, al menos, en que la medida es viable.