La subida de las materias primas amenaza el cierre de explotaciones agrarias

Los agricultores y ganadores alertan de que si no se para la especulación en los mercados en este 2011 se repetirá la situación de hace 3 años, cuando cerraron unas 34.000 explotaciones, casi el 30% del total.

Más de 600 millones de euros es lo que han perdido los ganaderos sólo en el último semestre de 2010, según datos de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Es una situación insostenible para ellos. Jaume Bernís, responsable del sector porcino de Jóvenes Agricultores de Cataluña, asegura que en los últimos tres meses "el aumento de costes ha sido del 35% del alimento de los animales". Asegura que llevan cuatro años perdiendo dinero y, advierte, "un primer trimestre en estas condiciones es inaguantable".

En el sector ovino la situación está igual. "Estamos aguantando y aguantando pero no vemos ningún futuro de viabilidad en las explotaciones", dice José Luis Escabosa, un ganadero de Luesia, comarca de Cinco Villas, Zaragoza. "No sabemos cuánto podemos estar así pero la agonía del ovino ha empezado hace tiempo ya".

Según Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, la subida de los precios de los piensos en la segunda mitad del año ha sido de entre 6 y 8 céntimos de euro por kilo, lo que significa "un incremento de los costes de producción del 27%".

Por eso las organizaciones agrarias piden al Gobierno que presione a la Unión Europea para que tome medidas que frenen la especulación y la subida del precio los productos básicos. Miguel López, Coordinador de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) asegura que existen infraestructuras como para que Europa se vuelva a plantear la situación del sector, que Bruselas considere que hay que "reservar unos stoks estratégicos, hay que tener capacidad de intervención, almacenamiento privado, que hay que subir los precios de la producción y adaptarlo a su coste real".

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Unas medidas que, dicen las organizaciones agrarias, deberían ponerse en marcha durante los primeros meses de 2011 para garantizar la continuidad sostenible del sector y evitar los cierres que se produjeron entre 2007 y 2008. En esos años los precios de los cereales se dispararon y como consecuencia cerraron más de 34.000 explotaciones en toda España.