Un ex embajador ante El Vaticano considera inquisitorial comparar el matrimonio civil con un contrato de telefonía

Las palabras del obispo auxiliar de Madrid hacen pensar, según Puente Ojea, que "ha perdido todos los conocimientos fundamentales de lo que es el derecho público en una sociedad democrática".

Vincula este tipo de declaraciones con una visión patrimonial de nuestro país. "Creen que España es suya", ha remachado el diplomático en declaraciones a la SER durante un acto organizado por la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL), y en el que también ha arremetido contra Zapatero, al que ha calificado de "enterrador del estado aconfesional".

En el Ateneo de Madrid, y junto a otros movimientos sociales, han mostrado su rechazo a la visita del Papa a la capital coincidiendo con la Jornada Mundial de la Juventud el próximo verano. El presidente de la asociación, Luis Vega Domingo, ha calificado el viaje de "aberración política de enorme magnitud" por el enorme gasto que va a suponer para las cuentas públicas en un momento de crisis. "Benedicto XVI viene como jefe de un estado teocrático y profundamente misógino", ha añadido Vega Domingo.

Junto a él, el número dos de la plataforma, Jesús Fuentes, ha relatado el calendario de movilizaciones para protestar contra la visita papal. Entre otras, el envío de un escrito al Congreso de los Diputados, un concierto protesta de Javier Krahe en abril, una concentración en la madrileña Puerta del Sol en junio y, al mes siguiente, otra frente al Arzobispado de Madrid para rechazar "los casos de pederastia y el robo de niños a familias republicanas" durante la dictadura de Franco. "Lo hacemos para que se abra un debate público y no para hacer proselitismo", ha añadido Fuentes al desgranar la agenda de protestas.

Las críticas en el acto a la Iglesia han sido numerosas. Para Francisco Delgado, de Europa Laica, los obispos "están muy enfadados y muy cabreados" por su pérdida de influencia en la sociedad. Frecuentes, también, los llamamientos a la finalización del concordato con la Santa Sede y la promulgación de una ley de libertad de conciencia. Algunos, como Albert Riba, de la Unión de Ateos y Librepensadores, han ido más allá, y pide un texto en el que cualquier confesión tenga que aceptar por escrito que la legislación civil prevalece sobre la ley religiosa para ser legal. "Esa debe ser una condición sine qua non", ha concluido Riba.