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Las cajas deberán tener un 10% de capital de la máxima calidad

A las entidades en peor situación se les podrá exigir aún más

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado(EFE)

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado

A pesar de las críticas que las cajas habían manifestado porque a ellas se les fuera a exigir más capital de la máxima calidad que a los bancos, el Ministerio de Economía ha decidido mantener el doble rasero. E incluso endurecerlo, porque la vicepresidenta Elena Salgado había hablado de una banda de entre el 9 y 10% para las entidades que no cotizasen, que tuviesen menos de un 20% de inversores privados o que necesitasen acudir a los mercados para captar más de un 20% del crédito que luego conceden a sus clientes. Finalmente, Salgado ha optado por exigir a estas entidades el 10% de capital mínimo. Pero hay más: Economía da potestad al Banco de España para que pueda exigir aún un porcentaje mayor a aquellas entidades que no pasen los tests de estrés europeos de esta primavera o los del propio regulador español. Salgado justifica las mayores exigencias de solvencia para las cajas por la necesidad de que estas entidades mantengan la confianza de los inversores.

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Además, como ya les adelantó la Cadena SER, los activos que se considerarán como capital de la máxima solvencia serán el capital, las reservas, las primas de emisión, los intereses minoritarios y las aportaciones que las entidades hayan recibido del Fondo de Reestructuración Bancaria, es decir, dinero público.

Elena Salgado explica estos detalles en una carta enviada a los presidentes de las dos patronales bancarias, Miguel Martín, de la AEB (Asociación Española de Banca); e Isidre Fainé, de la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros), y que el Ministerio de Economía ha colgado en su página web este miércoles por la noche.

La intención del Gobierno es aprobar el decreto de reestructuración de las cajas este mes. El 28 de febrero las entidades deberán hacer pública su situación financiera a cierre del año 2010. Con esos datos y una vez aprobado el decreto y sus criterios de exigencia de solvencia, se sabrá qué entidades deberán salir a buscar capital privado a los mercados antes del próximo mes de septiembre. Las que para entonces no lo hayan conseguido serán nacionalizadas por un periodo máximo de 5 años.

 
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