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Domingo, 26 de Enero de 2020

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Los peritos de Hacienda declaran ante el juez que Carlos Fabra defraudó 1,9 millones

Carlos Fabra está acusado de cohecho, tráfico de influencias y un supuesto delito fiscal cometido en 1999

Los peritos que elaboraron el informe sobre los ingresos del presidente de la Diputación, han declarado esta mañana ante el juzgado número 1 de Nules y se han ratificado en sus conclusiones. Afirman que Carlos Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández, ingresaron entre 1999 y 2004 un total de 8,3 millones de euros en efectivo, cheques y transferencias bancarias, de los que no han podido justificar 3,3 millones. Un total de 1,9 millones corresponden a Fabra y 1,4 a su ex esposa.

Los peritos de Hacienda del caso Fabra elaboraron un segundo informe, modificado y redactado teniendo en cuenta la documentación que presentó Carlos Fabra para justificar los ingresos en sus cuentas entre 1999 y 2004. Esta mañana el titular del juzgado número 1 de Nules les ha llamado a declarar y se han ratificado en el contenido de ese segundo informe. Según los peritos, Carlos Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández, ingresaron un total de 8,3 millones de euros en efectivo, cheques y transferencias bancarias en los años investigados, de los que no han podido justificar 3,3 millones.

Según los peritos, Carlos Fabra ocultó a Hacienda ingresos de 1,9 millones de euros, y María Amparo Fernández de 1,4, por lo que el presidente de la Diputación tendría que haber pagado una cuota cercana a los 900.000 euros, y su ex mujer de casi 700.000. A Fabra, la declaración le salió siempre a devolver durante los años investigados. En este segundo informe, los peritos dicen que Fabra ha justificado la procedencia de 332.000 euros, por lo que rebajan de cinco a cuatro los delitos fiscales supuestamente cometidos por el mandatario provincial. Los peritos también afirman que Fernández cometió tres delitos fiscales y no cuatro, como aseguraron en su primer informe.

Carlos Fabra está acusado de cohecho, tráfico de influencias y un supuesto delito fiscal cometido en 1999. La Audiencia Provincial de Castellón consideró prescritos el resto de delitos fiscales, pero tanto la fiscalía Anticorrupción como la acusación popular recurrieron, y el Tribunal Supremo tendrá que decidir si prescribieron o no.

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