Los peritos de Hacienda declaran ante el juez que Carlos Fabra defraudó 1,9 millones

Castellón

Los peritos que elaboraron el informe sobre los ingresos del presidente de la Diputación, han declarado esta mañana ante el juzgado número 1 de Nules y se han ratificado en sus conclusiones. Afirman que Carlos Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández, ingresaron entre 1999 y 2004 un total de 8,3 millones de euros en efectivo, cheques y transferencias bancarias, de los que no han podido justificar 3,3 millones. Un total de 1,9 millones corresponden a Fabra y 1,4 a su ex esposa.

Los peritos de Hacienda del caso Fabra elaboraron un segundo informe, modificado y redactado teniendo en cuenta la documentación que presentó Carlos Fabra para justificar los ingresos en sus cuentas entre 1999 y 2004. Esta mañana el titular del juzgado número 1 de Nules les ha llamado a declarar y se han ratificado en el contenido de ese segundo informe. Según los peritos, Carlos Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández, ingresaron un total de 8,3 millones de euros en efectivo, cheques y transferencias bancarias en los años investigados, de los que no han podido justificar 3,3 millones.

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Según los peritos, Carlos Fabra ocultó a Hacienda ingresos de 1,9 millones de euros, y María Amparo Fernández de 1,4, por lo que el presidente de la Diputación tendría que haber pagado una cuota cercana a los 900.000 euros, y su ex mujer de casi 700.000. A Fabra, la declaración le salió siempre a devolver durante los años investigados. En este segundo informe, los peritos dicen que Fabra ha justificado la procedencia de 332.000 euros, por lo que rebajan de cinco a cuatro los delitos fiscales supuestamente cometidos por el mandatario provincial. Los peritos también afirman que Fernández cometió tres delitos fiscales y no cuatro, como aseguraron en su primer informe.

Carlos Fabra está acusado de cohecho, tráfico de influencias y un supuesto delito fiscal cometido en 1999. La Audiencia Provincial de Castellón consideró prescritos el resto de delitos fiscales, pero tanto la fiscalía Anticorrupción como la acusación popular recurrieron, y el Tribunal Supremo tendrá que decidir si prescribieron o no.