IU pide al Gobierno que aclare cuánto costará la visita del Papa
La coalición quiere conocer cuánto dejará de ingresar el Estado por las exenciones fiscales concedidas a las empresas privadas que patrocinarán la Jornada Mundial de la Juventud
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha registrado una pregunta parlamentaria para conocer cuánto dinero público se gastará el estado español en la próxima visita del Papa a Madrid, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. La coalición pide al Gobierno que explique cuál será el trato institucional que se dará a la visita
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Izquierda Unida exige conocer a cuánto ascienden las exenciones fiscales que el Gobierno ha concedido a las empresas privadas que patrocinan el evento o que contribuyen al mismo con donaciones. Y es que, según la coalición, no es de recibo que las arcas públicas dejen de recaudar fondos vía impuestos por este concepto, justo en una época de crisis marcada por los recortes sociales y la política de austeridad para la reducción del déficit público.
La coalición quiere también que se aclare si la visita de Benedicto XVI se produce en calidad de jefe de estado o como jefe espiritual de la Iglesia Católica, y exige al Gobierno que se pronuncie sobre si el apoyo económico y material a un evento religioso es compatible con un estado aconfesional como España.
Organizada por el Arzobispado de Madrid, la Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en la capital durante la tercera semana de agosto y supondrá la tercera visita de Benedicto XVI a España desde su nombramiento como Papa. Aunque no se ha facilitado un coste oficial, algunas estimaciones oficiosas señalan que la visita, que se espera reúna en Madrid a cerca de dos millones de jóvenes, puede suponer un gasto superior a los 50 millones de euros.
La organización asegura que el coste mayoritario será sufragado por los propios asistentes y mediante donativos y patrocinios de entidades privadas. Sin embargo, cuestiones como la seguridad, los servicios de tráfico o asistencia sanitaria, así como la cesión de espacios y centros públicos para el alojamiento y organización de los actos serán asumidos por las administraciones públicas.