Los presidentes de Congreso y Senado quieren acabar con algunas ventajas de ser diputado

Los presidentes del Congreso, José Bono, y del Senado, Javier Rojo, han hecho pública sus propuestas para suprimir los complementos de pensión de los parlamentarios pero sin carácter retroactivo, restringir al mínimo las posibilidades de compatibilizar el escaño con actividades profesionales, y abrir el Registro de Intereses de las Cámaras para permitir que se conozcan no sólo las actividades de los parlamentarios, sino también su declaración de bienes.

La iniciativa conjunta no incluye finalmente una reforma legal para endurecer el régimen de incompatibilidades de diputados y senadores, al entender que la normativa actual es suficiente. Pero sí trata de implantar en los órganos competentes de las dos cámaras una nueva doctrina más exigente y rigurosa a la hora de autorizar la compatibilidad de actividades privadas profesionales a los parlamentarios, evitando el "estatus" actual donde las excepciones se han convertido en norma. "La necesidad de extremar el rigor en la concesión de compatibilidad debe convertirse en el principio que inspire las resoluciones, y es así porque lo ordena la ley", subraya el informe presentado ante las Mesas Conjuntas.

El mismo documento constata que "actualmente, las excepciones han perdido su naturaleza para transformarse en una suerte de regla general no querida originariamente por el legislador", y por ello se emplaza a la Comisión del Estatuto de los Diputados, en el Congreso, y a la Comisión de Incompatibilidades, en el Senado, a corregirlo. Así, descartada una reforma porque el "tenor literal" de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) "es tan claro y exigente que no se adivina cómo puede proclamarse más radicalmente la incompatibilidad", se pide a ambas comisiones que sienten una "nueva doctrina" para hacer efectiva la dedicación absoluta.

También les emplaza a evitar "resoluciones genéricas o con motivación no ajustada a cada caso particular". El segundo asunto abordado se refiere a la "transparencia", y aquí sí hará falta cambiar la LOREG para establecer el "carácter público" del Registro de Intereses de los diputados y senadores. Se haría mediante una proposición de ley firmada por todos los grupos, que se tramitaría en lectura única, el procedimiento más rápido, durante los meses de junio y julio.

Así las Mesas Conjuntas podrán modificar antes de agosto las disposiciones internas para poder publicar las declaraciones en la web en el mes de septiembre. Y se hará, apunta el informe, mediante unos formularios "de modo que permitan la máxima transparencia, con la única cautela de garantizar la seguridad del declarante".

La modificación del régimen de pensiones ocupa la tercera parte de la propuesta, en la que los presidentes abogan por eliminar el complemento de pensión que en su día se estableció para dar cobertura a diputados de las primeras legislaturas que sufrieron exilio y no pudieron cotizar a la Seguridad Social. También pretenden que la indemnización por cese que reciben los exdiputados y exsenadores sea incompatible con "cualquier trabajo remunerado mediante sueldo, salario, arancel u honorarios" que perciba el parlamentario cesante, y será igualmente incompatible con el cobro de pensión.

Otra medida a adoptar es la supresión del mantenimiento en alta en la Seguridad Social de los exparlamentarios que gozan de este derecho para completar el período de cotización hasta causar derecho a pensión de jubilación. Y las ayudas previstas en el Reglamento de Pensiones deberán ser motivadas y acordadas por tres quintos de las Mesas Conjuntas, es decir, por diez votos, en tanto que se quitan las ayudas a favor del cónyuge o hijos menores de 25 años por fallecimiento.

Estas disposiciones no requieren cambios legales y por ello entrarán en vigor inmediatamente, aunque se mantendrán los derechos ya adquiridos.