La factura (que todos pagamos) de la crisis

Analizar la evolución de las cifras de gasto de la Administración Central desde que la crisis se instaló en España resulta muy revelador. En 2009, el Estado se gastó 192.020 millones de euros, 32.000 más de lo inicialmente previsto, debido a las políticas de reactivación de la actividad económica. Si se cumple la previsión de 2011, este año el desembolso ascenderá a 122.256 millones. Es decir, que en tres años, el gasto de la Administración General se ha reducido un 36,3%.

La idea inicial del Gobierno era gastar 160.158 millones de euros en 2009, un 5% más que en 2008. Pero entre finales de 2008 y principios de 2009 la crisis empezó a enseñar su peor cara en España. En todo el mundo se imponían las políticas de inversión pública para reactivar la actividad económica e intentar poner diques a las cifras del paro: 2009 fue el año del Plan E, con sus 11.000 millones para obra pública y dinamización de la economía; de los 10.000 millones del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, para ayudar a la banca; o de las líneas extraordinarias del ICO para dar crédito a las empresas. Todos estos fondos y programas engordaron el gasto del Estado hasta los 192.020 millones en que quedó finalmente el presupuesto de 2009, según cifras del Ministerio de Economía.

El grueso de la factura hubo que pagarlo en 2010. El techo de gasto que se aprobó inicialmente para el año pasado fue de 182.439 millones de euros, un 4,9% más que en 2009. Pero en mayo de 2010, el presidente del Gobierno y la ministra de Economía tuvieron que enfrentarse a un Ecofin, la reunión de ministros de Finanzas de la Unión Europea, en la que los socios europeos de España les pusieron contra las cuerdas y les exigieron recortes y sacrificios para recortar un déficit que, a cierre de 2009, superaba el 11% del PIB. La nueva meta era llegar al 3% en 2013. Entonces vinieron la congelación de las pensiones o el recorte de un 5% en los sueldos de los empleados públicos. Al final, el Estado desembolsó el año pasado 132.442 millones de euros (excluidas las transferencias a las administraciones territoriales, fruto del nuevo sistema de financiación autonómica), 50.000 menos de lo previsto cuando se empezaron a elaborar los presupuestos.

Para 2011, el techo de gasto que se aprobó el pasado año asciende a 122.256 millones de euros (dejando fuera el dinero que se transfiere a las autonomías). Si no se producen grandes desvíos de esa cifra (la senda de austeridad emprendida con firmeza desde el Ejecutivo no parece dejar margen para eso), y poniéndolo en comparación con lo que se gastó el Estado en 2009, la reducción es de casi 70.000 millones de euros, un 36,3%.