La Fiscalía Anticorrupción investiga a la SGAE por un supuesto desvío de fondos
El procedimiento se inicia a raíz de una denuncia presentada en 2007 por distintas asociaciones de internautas y empresarios
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional una denuncia dirigida contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por presuntas actividades delictivas en relación con el desvío de fondos en sus actividades. Supuestamente el dinero va a parar a empresas privadas en lugar de repartirse entre los autores.
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El escrito del Ministerio Público, responde a unas diligencias previas abiertas como consecuencia de la interposición de una denuncia presentada en noviembre de 2007 por la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE).
La denuncia se basaba en la aparición en distintos medios de comunicación de varias "supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la SGAE". Los internautas, en la denuncia, establecen una relación entre los directivos de la entidad y una trama societaria de empresas filiales en torno a la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) en las que las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se invierten en actividades lucrativas para las mismas en lugar de repartir los beneficios de los derechos equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas como establece la ley.
Supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas que tienen como razón de ser un ánimo de lucro expresamente prohibido por la normativa vigente.
Según alegan los denunciantes, estas actividades podrían ser constitutivas de los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones que serían achacables, en primer lugar, a los responsables de las empresas que habrían llevado a cabo la "malversación" de sus recursos económicos y, subsidiariamente, al Ministerio de Cultura, como "principal fiscalizador de este tipo de asociaciones".
La denuncia de 2007 se fundamenta en que sociedades como Microgénesis y Coqnet, ajenas en apariencia a la SGAE, en realidad han compartido sede social y directivos con la entidad de gestión.
La SGAE se defiende de la "campaña de acoso"
Como respuesta a la presentación de la denuncia, la SGAE ha recordado que la Asociación de Internautas fue condenada por difamación en una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 42 de Madrid con fecha 15 de junio de 2005, imponiéndole una condena de 36.000 euros. En el comunicado de entonces, la SGAE denunció "la campaña de acoso que padece, estimulada por claros y espurios intereses con la intención de dañar su actividad de defensa de la remuneración de los autores, cuando está pendiente de resolverse la remuneración por copia privada en el ámbito digital mediante la oportuna disposición legislativa".
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