'Batalla legal' entre asociaciones de internautas y gestoras de derechos de autor por el canon

Varias asociaciones de internautas han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra diferentes entidades de gestión de derechos de autor por supuestos delitos de fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos públicos y privados, y apropiación indebida de 50 millones de euros. Minutos más tarde, estas entidades de gestión han anunciado que interpondrán una querella criminal contra las asociaciones por interpondrán una querella criminal por considerar "falsas y calumniosas" estas acusaciones.

Según la denuncia, presentada por miembros de la Asociación de Internautas (AI), la de Usuarios de Internet (AUI) y la de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT), las entidades de gestión, entre ellas SGAE, CEDRO o EGEDA, se habrían apropiado indebidamente de 50 millones de euros en 2008 y 2009. Tras presentar la denuncia ante la sede de Fiscalía, el presidente de AUI, Miguel Pérez Subías, ha asegurado que el Ministerio de Cultura pactó con las gestoras que si al año no recaudaban 100 millones de euros en concepto de canon digital, el Estado ponía la diferencia.

Así, en 2008 las entidades gestoras, según los datos publicados por Cultura, recaudaron más de 81,5 millones de euros y, en 2009, 95,2 millones, lo que supone que el Estado tendría una deuda de 23,1 millones de euros. Las cantidades publicadas en los informes anuales de las entidades no coinciden "ni mucho, ni poco, ni nada", con las del Ministerio y "casualmente" son inferiores a las que figuran en los documentos públicos de Cultura, con el fin, señalan los denunciantes, de "querer cobrar del pastel de los cien kilos".En este caso, la denuncia sostiene que incluso podría existir un posible fraude a los asociados, autores, productores y artistas.

Tan solo unos minutos después de presentar esta denuncia, las entidades de gestión de derechos de autor han anunciado que interpondrán una querella criminal a estas asociaciones por considerar "falsas y calumniosas" las acusaciones presentadas. Estas gestoras aseguran en un breve comunicado que los datos han sido 'interpretados de forma tendenciosa y errónea' y que su actuación se ajusta "escrupulosamente al marco legal que las ampara".

A la espera del dictamen judicial, la implantación del canon digital parece tener los días contados. Hace menos de un mes el Tribunal Europeo ratificaba su sentencia contra el gravamen porque consideraba que el perjuicio derivado de este uso individual es mínimo y no debe suponer una obligación de pago. La ministra anunció entonces que buscaría alternativas para que siguiera vigente, pero la falta de apoyos para sacar adelante la llamada 'Ley Sinde' la obligó finalmente a aceptar las exigencias del PP. El grupo popular incluyó la supresión del canon como condición para apoyar la ley contra las descargas en Internet.

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Precisamente esta previsto que este martes sea aprobada formalmente en el Senado con el apoyo de PP y CiU. 'La Ley Sinde' volverá al Congreso dentro de un mes aproximadamente y podrá empezar a aplicarse antes del verano, según ha declarado este lunes Ángeles González Sinde. Lejos de aplacar la polémica tras conseguir los apoyos necesarios, la disposición sigue generando polémica en la red y entre los productores de contenidos. Mientras el sector cinematográfico catalán ha firmado un manifiesto conjunto para mostrar su respaldo, el movimiento anti-Sinde ha encontrado en el escritor Juan Gómez Jurado un nuevo héroe, ya que ha publicado su novela a través de Twitter y todas las voluntarias aportaciones serán para la organización Save The Children.