Viernes, 01 de Julio de 2022

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Reportaje:

"Cuando el Estado da un paso, la corrupción da dos"

El ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, posa para la foto de familia de los asistentes a las Jornadas: "Lucha contra la Corrupción y Cooperación Jurídica Internacional", organizadas en Madrid por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos.

El ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, posa para la foto de familia de los asistentes a las Jornadas: "Lucha contra la Corrupción y Cooperación Jurídica Internacional", organizadas en Madrid por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos. / EFE / BALLESTEROS

Magistrados, ministros y fiscales de España y Latinoamérica debaten en Madrid los instrumentos para luchar contra la corrupción y el fraude. El ministro Caamaño inauguró las jornadas alertando sobre la lentitud de los gobiernos frente a la rapidez de los corruptos. Estas son algunas de las conclusiones del estado actual de la corrupción y cómo erradicarla.

La delincuencia económica se ha transformado en una verdadera organización del crimen. Son palabras del fiscal jefe anticorrupción, Antonio Salinas, durante las jornadas de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), celebradas esta semana en el Ministerio de Justicia, en Madrid. Rotundo en sus declaraciones, asegura que "la corrupción política, muy complicada de investigar, necesitaría un órgano jurisdiccional exclusivo dentro de la Audiencia Nacional. Porque cuando nosotros damos un paso, la corrupción y delincuencia organizada da dos, vamos muy por detrás", asegura el fiscal, que señala otra herramienta imprescindible: "Controlar el patrimonio de los altos cargos públicos".

Las jornadas, con el objetivo de compartir vías para luchar contra una lacra que cala en la política y el sector privado, fueron inauguradas por la intervención del ministro de Justicia, Francisco Caamaño. En busca de soluciones ante las carencias del Estado para perseguir el dinero que fluye de manera ilegal, apunta: "Para muchas cosas las demarcaciones territoriales se han vuelto difusas y hasta inútiles. La delincuencia transfronteriza es la que más rápido se ha adaptado a los cambios haciendo de la crisis una oportunidad". A la pregunta de ¿cómo combatirlo? El ministro responde: "Seguimos encorsetados en un esquema de soberanías entre Estados con mecanismos de cooperación del siglo XX. Voluntariosos, pero tediosos, trabajamos sobre la base de comisiones rogatorias mientras que otros utilizan Internet para transferir cuentas, introducir bienes ilegales o traficar con seres humanos. Precisamos nuevas fórmulas con las que proyectar globalmente la Justicia. La cooperación jurídica no puede limitarse a la tramitación de comisiones, mandatos judiciales y exhortos de colaboración".

Si bien hoy día se destapan más casos, tiene características distintas a la tradicional. Y ante la celeridad con la que campa la delincuencia económica, Miguel Carmona, vocal del Consejo General del Poder Judicial, se expresó con alarma y urgencia: "Habría que actuar en serio y de una buena vez contra el dinero lavado en paraísos fiscales". Ha habido países donde ?las cantidades invertidas en comisiones para conseguir un contrato público eran desgravables como gastos en la declaración fiscal".

El ejemplo de España

La Fiscalía Anticorrupción nació en España como pionera en Europa. Alejandro Luzón, el fiscal más veterano desde su creación en 1995, dirigió la acusación del caso Roldán, Fondos Reservados, Eurobank, entre otros. Para Luzón, su erradicación no es realista. "A lo más que podemos aspirar" - asegura - "es a proteger a la sociedad frente a las conductas más graves". Por eso el derecho penal no puede ser la única herramienta. El motivo, entre otros, "porque en España, conseguir una condena por corrupción es bastante más complicado que por cualquier otro delito". Luzón se suma a la petición de Salinas: "necesitamos instituciones de análisis de ingeniería financiera criminal, especialización en los tribunales y mejorar los mecanismos de cooperación internacional".

De Filesa a Gürtel

"El gran boquete de la corrupción lo tenemos en la financiación de partidos políticos, hay que combatirlo", señala el catedrático de derecho penal y assor del COMJIB, Javier Álvarez. Los partidos políticos regulan su financiación y lo aprueban, ellos mismos, en el Congreso. De manera que lo que cierran por un sitio, queda abierto por otro. "Por ejemplo, no se admiten donaciones de empresas que tengan contratos con la administración pública, pero sí a fundaciones vinculadas a estos partidos", sentenció.

Entidades bancarias, ¿irresponsables?

La ley obliga a pedir documentación en las transacciones de capital y las entidades financieras suelen escaquearse. Manuel Caro, Director del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPLAC) en España, alerta de la obligación de identificar al cliente, conocer su actividad, el origen del patrimonio, pedir sus balances y analizar la cadena de sociedades o filiales matrices hasta quedarse tranquilos con la operación. "Unos se quedan tranquilos preguntando más y otros, lo más habitual, preguntando poco", asegura. El fiscal jefe Antonio Salinas, lo suscribe: "En todos los casos se han visto errores de las entidades de crédito".

El director español del SEPLAC hace un llamamiento a la alta dirección de los bancos. "Las grandes operaciones pasan por el presidente o el consejero delegado no por los de abajo, es su responsabilidad". Si el dinero es ilícito está dispuesto a pagar más por el blanqueo, de ahí la importancia de la prevención. "En Egipto, Túnez, Libia... han aparecido fondos a los tres días de caer estos regímenes en bancos de países tan respetables como Francia o Suiza. ¿Por qué no surgió la duda antes si era dinero absolutamente irregular?, sentencia Caro.

La corrupción en cifras

En España, de unas 4.000 diligencias abiertas es probable que sólo el 10 % se resuelva con acusaciones, en total, unos 400 casos en seis años.

El aumento de un punto en la escala de 1/10 en materia de corrupción hace descender el PIB en un 4%.

En España, hay de 50 a 60 casos anuales de delitos contra la administración. Son pocos, aunque probablemente no sean todos, según expertos.

Más del 75% de los países del mundo lo considera un problema grave.

Más del 90% de países en Latinoamérica y Europa estarían dispuestos a denunciar e intervenir en procesos penales de lucha contra la corrupción.

Un 73% de españoles cree que hay más corrupción que hace tres años.

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