La política de empleo tendrá por primera vez objetivos fijados numéricamente

El Gobierno va a presentar a las Comunidades Autónomas la pieza final de las reformas laborales que se han ejecutado durante el último año y medio: la Estrategia Española de Empleo. Es una norma que recoge, por primera vez en la historia de las políticas laborales, los objetivos a cumplir en materia de empleo con indicadores numéricos. Es decir, se podrá medir con claridad si las metas fijadas se cumplen o no.

Para ello, se identifican seis objetivos principales, que después se van subdividiendo hasta lograr un conjunto de indicadores que medirán si las políticas de empleo están logrado el resultado deseado. Los seis objetivos clave son: elevar la participación en el mercado de trabajo y reducir el desempleo, reducir la temporalidad, reforzar el trabajo a tiempo parcial y la flexibilidad interna, adecuar las competencias profesionales a las necesidades del mercado, promover una reinserción rápida en el mercado de trabajo y promover la igualdad de género.

A partir de ahí, se definen diez grandes "objetivos operativos" que incluyen indicadores concretos. Por ejemplo, en materia de formación se aspira a incrementar la tasa de desempleados a los que se da formación del 10% al 16%. En el caso de oportunidades de formación, se buscará que la cobertura de los contratos formativos pase del 8% al 40% para la población objetivo, y si hablamos del fomento de la movilidad, se tratará de que los desempleados que reciban formación en Comunidades Autónomas distintas a la suya pasen del 1,25% al 5%.

De acuerdo con las comunidades se afinarán estos objetivos numéricos, que también incluyen aumentar la formación de los trabajadores de sectores con pocas perspectivas en ocupaciones afines pero de sectores con más futuro, alcanzado el 15% de esos ocupados, y que hasta el 14% de los menores de 25 años tengan formación y experiencia directa en las empresas.

Primera regulación de los becarios

Otra de las grandes novedades que incluye esta estrategia es que se incluye en un decreto en el que, por primera vez, se regulan las prácticas profesionales en las empresas (conocidas normalmente como "becas"). El objetivo es aumentar la protección de las personas que las hagan y combatir las malas prácticas que se dan en este terreno.

Para ello, se establece que sólo se podrán hacer a jóvenes desempleados inscritos en las oficinas de empleo, que tengan entre 18 y 25 años y que, o bien no tengan formación, o bien su experiencia laboral en una misma actividad sea inferior a tres meses. Las prácticas durarán entre 6 y 9 meses y darán derecho a una certificación.

Además, estarán supervisadas por los servicios públicos de empleo, con los que las empresas tendrán que firmar un acuerdo, y que intervendrán desde la preselección de los candidatos hasta posibles acciones de seguimiento de las prácticas. Para que este decreto deje sentir sus efectos, por lo tanto, será necesaria la colaboración de las empresas, que firmen ese convenio con los Servicios Públicos de Empleo.

Eso sí, el decreto no entra en una de las cuestiones más importantes en este tipo de prácticas: las retribuciones. El texto se limita a decir que su "cuantía, determinación y características se establecerá en la normativa de desarrollo".

Una estrategia adaptada a las comunidades autónomas

El objetivo de la Estrategia Española de Empleo, además de definir un marco plurianual en el que se definan y diseñen objetivos, es adaptar las políticas de empleo a la realidad del Estado de las Autonomías, en el que las políticas activas de empleo están transferidas. Se trata de que el Estado, en coordinación con las Comunidades y con los agentes sociales, defina las grandes líneas y las metas, y que las autonomías se organicen como quiera cada una de ellas para ejecutar sus propios planes con los que alcanzar esos objetivos.

Es un cambio muy importante respecto al anterior diseño, en el que el Estado definía las políticas a aplicar y proporcionaba el dinero, y las comunidades se limitaban a aplicar ese modelo, igual además para todas.

El otro gran objetivo es que, con los indicadores cuantificables que se establecen en la Estrategia, se pueda visualizar con más transparencia qué se está haciendo en materia de políticas activas y qué comunidades logran los objetivos. En el modelo anterior, el único baremo que había para conocer la ejecución de las políticas activas era ver cuánto dinero se había dedicado, pero sin conocer si esa inversión había tenido efectos mensurables.

La financiación para la estrategia procederá de tres fuentes: las cotizaciones por desempleo y formación, el dinero que aporte el Estado y el procedente del Fondo Social Europeo. Para esta primera Estrategia, que comprenderá los años 2012, 2013 y 2014, la financiación prevista es similar a la que ahora mismo se está dedicando a políticas activas: unos 7.500 millones por año.

Esta cantidad, matiza la Estrategia, se presenta a título orientativo, porque la cantidad definitiva la consignarán los Presupuestos Generales del Estado de cada año.