Un etarra acusado de intento de atentado reclama "soluciones al conflicto"

El etarra Andoni Otegi ha acusado hoy a la Audiencia Nacional, que le juzga por colocar un coche-bomba frente a un hotel de Fuengirola (Málaga), de proteger "la presión que está siendo ejecutada en el País Vasco" y ha asegurado que "son tiempos en los que esto se tiene que solucionar".

El fiscal pide para Andoni Otegi 146 años de prisión y otros tantos para su compañero en el "comando Argala", Oscar Zelarain, que se ha negado a declarar porque no da "ninguna licitud a este juicio".

"La Audiencia, hasta ahora, está protegiendo la presión que está siendo ejecutada en el País Vasco. Por eso, como son tiempos en los que esto se tiene que solucionar, no reconozco al tribunal", ha respondido el acusado en euskera cuando el fiscal Miguel Ángel Carballo le ha preguntado si pertenecía "a la banda criminal y asesina ETA" y si había sido condenado por ello.

Hace 13 meses, en otro juicio a Otegi, celebrado después de que ETA anunciase el cese de sus "acciones armadas ofensivas" y su disposición a reunirse con los mediadores internacionales firmantes de la declaración de Bruselas en la que se pedía a la banda un alto el fuego permanente y completamente verificable, el etarra pidió a la sala que pusiera facilidades para superar el conflicto político.

"Sólo quiero pedirle al juez, para superar este conflicto político, que ponga facilidades y termine con la negación y sufrimiento de todos estos años", reclamó entonces Otegi al presidente del tribunal, Fernando García Nicolás, que le replicó que las "manifestaciones parapolíticas no tienen cabida" en un juicio.

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Además de la pena de cárcel, Zelarain, alias 'Peio', y Otegi, alias 'Iosu', también se enfrentan a una petición fiscal de casi 100.000 euros de indemnización para los seis heridos que causó el atentado perpetrado el 21 de junio de 2002.

Otegi y Zelarain, naturales de Tolosa (Guipúzcoa), fueron arrestados en septiembre de 2002 en Francia, donde fueron condenados a ocho años de prisión. Tras su paso por la cárcel, fueron entregados a España en octubre y julio de 2008, respectivamente.

Además de la pena de 18 años y 3 meses de prisión, la Audiencia Nacional ha condenado a los acusados a doce años y medio de prisión por colocar una bomba en los juzgados de Tolosa en agosto de 2002, que finalmente fue desactivada.

Otegi también cuenta en su haber con otras dos condenas de tres años de cárcel cada una por poner sendas bombas en una sucursal bancaria de Lecumberri (Navarra) y en el Instituto Nacional de la Seguridad Social de Zarautz (Guipúzcoa) en julio y septiembre de 2001, respectivamente. A ambos acusados se les atribuye el atentado con bomba lapa contra el concejal de UPN José Javier Múgica en 2002.