Las empresas se resisten a dar de alta a los becarios
La Seguridad Social pide a la Inspección de Trabajo que vigile el cumplimiento del decreto que permite cotizar a los becarios y, en caso contrario, comience a sancionar
El Gobierno calcula que unos 30.000 becarios, que realizan prácticas formativas a cambio de una contraprestación económica, tendrán que ser dados de alta en la Seguridad Social antes de fin de año. Sin embargo, los primeros días de aplicación del decreto están registrando resistencias inesperadas por parte las entidades que financian los programas de formación.
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El decreto, que entró en vigor el pasado 1 de noviembre, permite por primera vez a los becarios cotizar a la Seguridad Social y también ofrece la posibilidad de rescatar hasta dos años de cotización con carácter retroactivo, por prácticas realizadas en el pasado. La medida amplía a los becarios todas las coberturas de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social, salvo la protección por desempleo, y permite incorporar esos periodos de cotización al cómputo para las pensiones.
Sin embargo, los primeros días de rodaje de la medida se están enfrentando a algunas trabas por parte de las entidades que financian los programas formativos: empresas del sector público y privado, universidades y fundaciones. "La verdad es que nos estamos encontrando más resistencias de las previstas, hasta el punto de que he dado instrucciones a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Inspección de Trabajo para que se dirijan a las entidades y comprueben que están dando de alta puntualmente a los becarios y a los investigadores", señala en declaraciones a la SER el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. "Lo más importante es la protección social y no vamos a asistir como espectadores pasivos a un incumplimiento de la norma. Las entidades están obligadas a dar de alta a los becarios y si no lo hacen, se enfrentarán con contundencia a las sanciones previstas".
13 años de becario sin cotizar
Octavio Granado también ha señalado que el decreto se aplicará con flexibilidad y generosidad para incluir al mayor número posible de beneficiarios, en una casuística de becas y prácticas formativas que se intuye sumamente variada y compleja. "Hay desde casos de MIR de los años 60 ó 70 que no cotizaban entonces, a todo tipo de becas encadenadas en la carrera investigadora", señala.
El Gobierno calcula que, además de los becarios actuales, hay entre 100.000 y 200.000 personas que también pueden beneficiarse sobre el papel de este decreto, ya que se permite rescatar hasta dos años de cotización con efectos retroactivos por becas realizadas en el pasado. En esa situación está por ejemplo Rosana Pérez, que no comenzó a cotizar hasta los 40 años, tras 13 años como becaria. "Recuerdo que cuando empecé mi carrera investigadora sólo podía ir al médico gracias a que mi padre, que estaba jubilado, me incluyó en su cartilla de la Seguridad Social, y años después lo hizo mi pareja". Un caso parecido es el de Lourdes Gude, una licenciada en Química que comenzó a cotizar a los 33 años tras 7 como becaria: "la inmensa mayoría de nosotros tenemos claro que, aún en el mejor de los casos, nunca podremos alcanzar los años de cotización necesarios para lograr la pensión máxima".
Campaña informativa sobre los nuevos derechos de los becarios
Bajo el lema "Dejadnos cotizar", la Federación de Jóvenes Investigadores ha puesto en marcha una campaña a través de su página web para exigir que se amplíe el periodo de cotizaciones que pueden rescatar los becarios por prácticas realizadas en el pasado. También critican el hecho de que tenga que ser el solicitante el que asuma el pago de las cuotas correspondientes, algo que muchos becarios no pueden permitirse con sus ingresos actuales y la situación de crisis, de modo que no a todo el mundo le compensará solicitar esos años de cotización.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, explica que legalmente no se puede imponer con efectos retroactivos a las empresas que abonen unos pagos que no estaban obligados a pagar en su momento porque no estaba legislada la cotización de los becarios. Granado recuerda que el reconocimiento de derecho de cotización con efectos retroactivos es una medida inédita en España y anuncia que, después del 20-N, para evitar interferir en la campaña electoral, se pondrá en marcha una campaña de difusión del decreto, para informar a los becarios de sus nuevos derechos y a los empleadores, de sus obligaciones para con su personal en prácticas.
