El problemático recorrido de la ley Sinde

Tras dos años de polémicas, críticas, protestas y negociaciones parlamentarias, la ley Sinde no ha sido aprobada en el Consejo de Ministros de este viernes La carrera por conseguir aprobar la ley antipiratería comienza el 27 de noviembre de 2009, cuando el Gobierno presenta el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, y en el que aparece, en la disposición final segunda, la que popularmente se renombrará como «ley Sinde»: una normativa antidescargas cuyo objetivo es facilitar el cierre de páginas webs que vulneren la propiedad intelectual, y la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, que será la encargada de determinar el cierre de esas páginas sin orden judicial. El revuelo generado en Internet es considerable. Los usuarios se movilizan y convierten las redes sociales en sus altavoces, llevando a cabo protestas cibernéticas y firmando un manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet. La ministra Ángeles González Sinde se reúne con destacados internautas para explicar las medidas del Gobierno, pero los participantes salen de la reunión más insatisfechos que nunca. Las protestas se suceden y González Sinde intenta calmar los ánimos asegurando que «ningún ciudadano será desconectado de la red sin la intervención de un juez». El asunto se complica todavía más ante los dictámenes de diferentes organismos: la Comisión Nacional de Competencia considera que se debe realizar una revisión integral de la ley de Propiedad Intelectual, algo que apoya el Consejo Económico y Social, que opina que se deben conjugar los derechos de autores, usuarios y operadores; el Consejo General del Poder Judicial no cree que la asignación de la Audiencia Nacional para dirimir el cierre de las webs sea adecuada, a riesgo de sobrecargar con trabajo extra a la Administración de Justicia; y el Consejo Fiscal duda de que la protección de la propiedad intelectual deba estar al mismo nivel que la del resto de los bienes jurídicos protegidos. El Gobierno hace oídos sordos, y el proyecto de Economía Sostenible, junto con la criticada ley Sinde, se aprueba casi sin modificaciones el 19 de marzo de 2010. Tan sólo seis días más tarde, el Consejo de Estado cree que los supuestos perseguibles deberían ser mejor acotados. El Congreso tumba la ley Sinde El 20 de diciembre de 2010, la comisión de Economía del Congreso tumba la ley Sinde. El mazazo es considerable, pero la Ministra Sinde se niega a dimitir. La alegría de los internautas contrarresta con el enfado de colectivos como la Coalición de Creadores, que afirma que no se quedarán de brazos cruzados, o artistas como Alejandro Sanz, que tilda de «hipócritas y cobardes» a los políticos por no aprobar la ley. En enero de 2011, un pacto entre PP y PSOE para salvar la ley en el Senado consigue dar la vuelta a la tortilla. Los dos partidos, junto con CiU presentan además una enmienda conjunta para reforzar las garantías jurídicas, y la ley se aprueba por mayoría absoluta en el Senado el 9 de febrero. Unos días antes, el por entonces Presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia -que pasó de ser un defensor a ultranza de la ley a uno de sus mayores y más activos críticos- anuncia su dimisión, profundamente descontento con las negociaciones y la negativa de los políticos a escuchar las demandas de todos los colectivos implicados. La XXV gala de los Goya celebrada el día 13 estará marcada por el discurso de De la Iglesia, en el que define Internet como «la salvación» para los creadores, y defiende la necesidad de un «nuevo modelo», así como por las protestas promovidas por el colectivo Anonymous a las afueras del Teatro Real al grito de «Contra la ley Sinde, el pueblo no se rinde». El último movimiento de la ley llega el 15 de febrero, cuando el Pleno del Congreso aprueba la ley Sinde por 323 votos a favor (PP, PSOE y CiU) y 19 votos en contra (ERC, UPyD, CC, BNG, ICV y PNV). Aunque la red vuelve a encenderse, la aprobación final de la ley parece inevitable, y dos años después, todo indica que Sinde saldrá del Ministerio con su normativa aprobada.