El fiscal sostiene que Garzón no cometió delito ordenando las escuchas

Madrid

Última jornada de juicio contra el juez Baltasar Garzón que se sienta en el banquillo acusado por los jefes de la trama Gürtel a los que investigó de los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales. La fiscalía sostiene que se puede admitir que estemos ante un caso de nulidad de las conversaciones intervenidas pero no que el magistrado haya cometido delito.

El ministerio fiscal ha presentado su informe con las conclusiones definitivas del juicio contra el juez Baltasar Garzón por haber intervenido las conversaciones en prisión entre los jefes de la trama Gürtel y sus abogados. Los fiscales Antolín Herrero y Pilar Valcárcel han señalado que "se puede justificar la nulidad de las conversaciones intervenidas" pero no que el magistrado de la Audiencia Nacional haya cometido delito. El delito de blanqueo de capitales, según el informe que han expuesto, es una preocupación tanto en España como en Europa y las directivas europeas advierten del papel de los despachos de abogados para cometerlo.

La fiscalía ha acusado a los querellantes de hacer un indebido ejercicio de la acción penal y han mandado un mensaje al legislador para que regule por ley la intervención de las comunicaciones. "No hay regulación legal, ojala la haya", han remachado. Por eso, la comisión del delito de prevaricación es "jurídicamente discutible"

El Gran Hermano de la Gürtel

Antes ha sido el turno de los informes de Ignacio Peláez, José Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Mourullo, los abogados que han presentado la querella que ha dado origen al procedimiento.

Según su versión, Baltasar Garzón dio un cheque en blanco a la policía permitiendo intervenir las comunicaciones abogado - cliente. Una medida que tildan de "ilegal y monstruosa". Es "monstruoso", han dicho, que fuera el fiscal el que desglosara las conversaciones que afectaban al derecho de defensa y no el juez que, además, "se arroga una función que no le corresponde como es la de determinar lo que afecta y no a este derecho fundamental". Esto, concluyen, "chirría y hace temblar los cimientos del Estado de Derecho" porque es "extravagante considerar que todos los abogados pueden actuar de enlace con una organización criminal como si fueran todos ignorantes".

Críticas también al Ministerio Fiscal porque tenía la doble función de investigar y "velar porque se cumpliera la legalidad" y esta segunda misión no la ha cumplido. Los letrados han lamentado que el Colegio de Abogados de Madrid no se haya sumado a esta querella, se han desmarcado del Partido Popular y han pedido una condena "represiva y ejemplar" para Garzón porque "hay que poner límites a los tribunales" para no convertir nuestro Estado de Derecho en un "estado policial" ya que Baltasar Garzón se convirtió "en una suerte de Gran Hermano de la Gürtel"