Islandia juzga a su exprimer ministro por el colapso financiero

Fue primer ministro entre 2006 y 2009 de uno de los países más avanzados del mundo y se enfrenta ahora a dos años de cárcel. Geir H. Haarde es el primer líder mundial que se enfrenta a cargos criminales por la crisis financiara mundial, en concreto, está acusado de actuar con negligencia en el colapso bancario que vivió su país, Islandia, en octubre de 2008.

Este lunes se ha sentado en el banquillo para responder, por primara vez, a las preguntas de la fiscalía que el acusa de hacer caso omiso a las advertencias que recibió acerca de una inminente crisis de las principales entidades bancarias islandesas y de vulnerar la ley sobre la responsabilidad de los ministros.

Haarde había declarado ya en dos vistas previas en las que defendió su inocencia, calificó de el juicio de "farsa" y aseguró que se trataba de un "proceso político contra él", después de que el parlamento islandés aprobara, en septiembre de 2010, llevarle ante los tribunales y no hiciera lo mismo con otros tres exministros de su gabinete señalados también por la comisión que había investigado el caso. El exprimer ministro ha negado todos los puntos de los que se le acusa y ha asegurado que ninguno de ellos "estimaba que había algo mal con en sistema bancario". La defensa de Haarde basa su estrategia en que el entonces jefe de gobierno no podía intervenir en la actividad de los bancos y que es la Fiscalía quien tiene que demostrar que las decisiones de Haarde fueron la causa directa del crac bancario. Además asegura que es injusto que se juzgue solamente a un político por los errores de todo un gobierno. La acusación ha llamado a declarar a unas 60 personas, altos cargos del ejecutivo de Haarde y también del actual, entre ellas, la primera ministra socialdemócrata Jóhanna Sigurdardóttir. A parte de este juicio, hay otras investigaciones en marcha que han culminado ya con sentencias contra algunos responsables bancarios.

El tribunal que lo juzga, el de Landsdómur, es una corte especial para procesos que afectan a miembros del Gobierno, fue creada en 1905, pero nunca había actuado. El juicio se desarrolla en medio de un clima político enrarecido, mientras el actual gobierno negocia la adhesión a la Unión Europea, a la que se oponen cerca de dos tercios de la población, de cara a unas elecciones generales que se deberían celebrar en 2013.