PP y PSOE rechazan endurecer las incompatibilidades de los exaltos cargos públicos con el sector privado
Ambos partidos tienen o han tenido ministros o secretarios de Estado trabajando para empresas privadas durante los dos años siguientes al cese de su cargo
Los votos en contra de populares y socialistas han conseguido rechazar una proposición no de ley presentada por el BNG. La propuesta pedía endurecer las incompatibilidades de los altos cargos para incorporarse a una empresa privada tras su cese en la Administración Pública.
Más información
Hace más de una semana se hacía público el fichaje de Elena Salgado por la filial chilena de Endesa tan sólo unos meses después de abandonar su cargo en el Gobierno. La Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, aprobada en el año 2006 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, contempla que "durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado".
A pesar de eso, Salgado ha obtenido el beneplácito de la Oficina de Conflictos de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que considera que no se da en ese caso. La clave es que el contrato de la ex ministra se realiza con una filial extranjera de la empresa española.
El caso es un ejemplo de la laxitud de la ley, ante la que los nacionalistas gallegos pedían un mayor rigor en la aplicación de la incompatibilidad en el desempeño de actividades privadas remuneradas por parte de exaltos cargos públicos. Proponían ampliar el periodo de dos años de limitación desde que se produce el cese.
Además, el BNG pedía una ampliación del conflictos de intereses a aquellos casos en los que los exaltos cargos realizan labores de asesoría o consultorías especiales a los órganos de dirección y administración en empresas privadas cuya actividad está relacionada con el ámbito de competencias ejercido desde el sector público.
Otro claro ejemplo de lo que se denomina "revolving door", en este caso entre la política y la empresa privada, es el del actual ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos. En el año 2004 cesó como secretario de Estado de Economía y poco después el banco de inversión Lehman Brothers le incorporó como miembro del consejo asesor de sus actividades en Europa.
De Guindos en su día y Salgado ahora han logrado salvar la incompatibilidad evitando asesorar directamente a una empresa que anteriormente habían regulado.
PP y PSOE defienden la regulación actual
El diputado del BNG, Francisco Jorquera, se preguntaba en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, si "es presentable" que los exaltos cargos públicos compatibilicen el cobro de la pensión por incompatibilidad (un 80% de su sueldo en ejercicio) con su remuneración en la empresa privada.
Los planteamientos de Jorquera no han sido compartidos por socialistas ni por populares, precisamente los dos grupos que cuentan con un mayor número de exaltos cargos trabajando en empresas privadas. Desde el PSOE, se aseguraba que la iniciativa de los nacionalistas gallegos suponía "sacar las cosas de contexto" y que la actual legislación es adecuada. En términos parecidos se ha manifestado el grupo popular, desde donde se ha pedido que "no se haga demagogia" con el asunto.
