Canarias rechaza la decisión del Gobierno de permitir prospecciones petrolíferas en las islas
El gobierno canario anuncia acciones legales contra el permiso concedido este viernes por el Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros ha autorizado en su reunión de este viernes las prospecciones de hidrocarburos en aguas de Canarias, de las que se hará cargo Repsol YPF. Los sondeos realizados indican que a unos sesenta kilómetros de la costa canaria, junto a la frontera marítima con Marruecos, existen importantes yacimientos, en cuya exploración el país vecino ya ha empezado a trabajar. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha dado instrucciones a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma para que, una vez que se conozca formalmente el acuerdo, se emprendan acciones legales contra el mismo.
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Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que los técnicos indican que existe una "probabilidad elevada en relación con otras prospecciones" de que la zona albergue recursos. Además, consideró que "no hay argumentos para dilatar más" la puesta en marcha de este proyecto, que se encuentra paralizado por una sentencia del Tribunal Supremo desde 2004 y que ofrece "garantías ambientales". "Las sentencias que obligaban a modificar algunos asuntos se remontan a 2004, así que creo que se ha tardado bastante tiempo en decidir la convalización del real decreto", ha afirmado, antes de recordar que los permisos de exploración son "competencia del Estado".
En concreto, el Gobierno ha aprobado un real decreto por el que se convalida el otorgamiento original de los permisos de investigación de hidrocarburos ''Canarias 1 a 9'', situados en el borde de la mediana entre España y Marruecos. En el decreto aprobado se ha dado audiencia tanto a los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura como al Gobierno de Canarias. El texto permitirá la finalización de los trabajos pendientes para verificar la existencia de hidrocarburos y, en su caso, la viabilidad técnica y económica de su extracción. Los permisos de investigación de hidrocarburos confieren a Repsol el derecho en exclusiva para investigar la existencia de hidrocarburos en el subsuelo del área otorgada, pero no permiten la explotación de los potenciales yacimientos, lo que exigiría el otorgamiento de una concesión de explotación.
El Gobierno asegura que reducirá nuestra dependencia energética
Según han indicado a la agencia Europa Press en fuentes del sector, la producción de hidrocarburos en aguas de Canarias por parte de Repsol YPF reducirá en diez puntos las importaciones de hidrocarburos de España y podría, en caso de que se confirmen las previsiones, provocar un vuelco en la balanza comercial. La producción en aguas canarias podría alcanzar los 100.000 barriles diarios de hidrocarburos, lo que supondría el mayor descubrimiento de la historia de España, por encima del de la plataforma mediterránea de Casablanca, que en los años ochenta llegó a producir 40.000 barriles diarios. En la actualidad, la producción de hidrocarburos del país apenas alcanza los 2.000 barriles al día, de modo que el hallazgo multiplicaría por 50 este volumen. Como ejemplo del potencial del yacimiento, Repsol extrae unos 300.000 barriles diarios en grandes productores como Libia.
Las inversiones asociadas al proyecto, como ya explicó recientemente el presidente de Repsol, Antonio Brufau, podrían rondar los 13.000 millones de dólares (9.000 millones de euros) en los entre 20 y 25 años de explotación del campo. Además, el proyecto crearía unos 5.000 empleos. En todo caso, la extracción de crudo podría tardar cerca de ocho años. Tras la autorización del Gobierno, Repsol debe completar la fase de investigación, en la que invertirá 100 millones, lo que llevará unos dos o tres años. Estas exploraciones habían sido solicitadas en 2001, pero en 2004 quedaron suspendidas.
Canarias se opondrá a la decisión en los tribunales
Según informa el Ejecutivo regional canario, el objetivo de sus medidas de carácter legal sería impedir los efectos de una decisión -la del permiso a Repsol para que efectúe las prospecciones- "que rompe el principio de lealtad y colaboración institucional". En este sentido, considera que la decisión del Gobierno de España "es un claro desprecio del Gobierno estatal del PP a las instituciones que representan al pueblo canario: Gobierno autonómico, Parlamento de Canarias, cabildos y ayuntamientos de Fuerteventura y Lanzarote".
