El Gobierno aprueba este viernes un anteproyecto de Ley de Transparencia
Incluirá consecuencias penales para los malos gestores, sanciones por incompatibilidades y obligará a publicar sus salarios a un número mayor de cargos públicos
España forma parte del reducido grupo de países europeos que carecen de una normativa que regule el acceso a la información oficial. En la UE, 22 de los 27 Estados miembros tienen reconocido el derecho que obliga a las administraciones públicas, fundaciones y organismos financiados con fondos públicos a facilitar información a cualquier ciudadano.
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En la última década, más de cincuenta países en el mundo han adoptado leyes que facilitan el acceso a la información pública y otros treinta están en proceso de aprobación. Las leyes tienen como base común, el reconocimiento del derecho de todos los ciudadanos al acceso a información de las instituciones públicas, estableciéndose excepciones y al mismo tiempo procedimientos de apelación y supervisión. Reino Unido por ejemplo ofrece en un plazo máximo de 20 días los datos solicitados por los ciudadanos a la administración.
De momento se desconocen los detalles del anteproyecto que mañana aprobará el Consejo de Ministros, aunque para ser considerada una ley de transparencia similar a la de países europeos, el texto deberá incluir un plazo máximo de respuesta y un organismo regulador al que se podrá recurrir en caso de que la demanda de información no sea satisfecha.
Buen Gobierno
La ley, cuyo nombre completo es "Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno" incluirá -según fuentes del ejecutivo- avances en materia de buena gestión, como consecuencias penales para los malos gestores, sanciones en materia de incompatibilidades y la ampliación de la obligatoriedad de publicar sus salarios a un número mayor de cargos públicos, ya que hasta ahora esta obligación solo afecta a los miembros del gobierno y los altos cargos.
La ley impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas o incumplan el límite de déficit público. De hecho se contempla el delito para los cargos que hagan un uso inadecuado del dinero público. Para ello, la Ley de Transparencia incorporará una disposición adicional que modificará el Código Penal y donde se tipificará como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que la ley que este viernes aprobará el Consejo de Ministros hará que "la gente sepa en qué se gasta su dinero", y que "si se enchufa" a alguien "salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata". Tras la aprobación mañana del anteproyecto de Ley de Transparencia, los ciudadanos dispondrán de unos 10 días para realizar aportaciones a la norma. Para ello, podrán utilizar las webs institucionales.
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