Sáenz de Santamaría: "La ley devolverá la credibilidad a la administración pública"

El anteproyecto de ley de Transparencia aprobado este viernes incluye consecuencias penales para los malos gestores, sanciones por incompatibilidades y obliga a ublicar sus salarios a un número mayor de cargos públicos. Todas las administraciones públicas tendrán que publicar en internet contratos de servicios, convenios y subvenciones concedidas y deberán responder a las peticiones de información de los ciudadanos en un mes.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comenzado la comparecencia posterior al Consejo de Ministros con algunos nombramientos. El nuevo presidente del Consejo de Estado es José Manuel Romay Beccaría y como consejeros selectivos de ese órgano se ha nombrado a Laborda Martín, Isabel Tocino, José María Michavila y Ana Palacio.

Sáenz de Santamaría ha presentado este viernes el anteproyecto de Ley de Transparencia, una ley que, a diferencia de la mayoría de países europeos, en España todavía no existía. Asegura que esta medida se pretende que cualquier ciudadano pueda conocer cómo se contrata, se subvenciona y se retribuye a los cargos públicos y que la administración deberá responder a las peticiones de información de los ciudadanos en un plazo máximo de un mes. Para ello, a partir del lunes, los ciudadanos podrán realizar aportaciones al proyecto de ley a través de la web del Ministerio de la Presidencia y, una vez aprobada la ley, se podrá consultar toda la información relativa a relativa a la administración general del Estado en un portal único, el portal de la trasparencia. También "los particulares podrán poner en conocimiento de la administración que se han producido hechos de esa naturaleza" para, más tarde, poder investigarlos.

El anteproyecto de ley incluye también por primera vez también "un Código de Buen Gobierno" para todas las administraciones públicas que, como ha señalado la vicepresidenta, "establece medidas muy duras frente a los que no gestionan bien" y que acarreará sanciones para los "malos gestores o para los que incumplan la ley". Como sanciones muy graves, ha señalado el falseamiento u ocultamiento de las cuentas públicas que podrá conllevar "la inhabilitación de hasta 10 años y la correspondiente multa" para la persona responsable.

Otras infracciones, que pueden ser graves o muy graves, no se consideran delito, pero sí darán origen a un procedimiento sancionador y podrán llevar aparejada la destitución de los cargos públicos y la imposibilidad de ser nombrados para otro durante un periodo de entre cinco y diez años. La ley también fijará los baremos en la retribución de los cargos de las administraciones locales como alcaldes, concejales o miembros de la diputación.

El Ejecutivo todavía no fija los plazos en los que se empezará a aplicar la ley porque, según Sáenz de Santamaría, hay un tiempo que el gobierno no controla que es la tramitación de la ley, que es la discusión parlamentaria. Los grupos necesitaran un tiempo para conocerla".

El vídeo polémico y el puesto en Telefónica del marido de Sáenz de Santamaría

Un periodista ha preguntado a la vicepresidenta por el coste del vídeo sobre la reforma laboral que la Junta Electoral ha ordenado retirar : "4.200 euros más IVA", respondía.

También le han preguntado a Sáenz de Santamaría sobre el fichaje de su marido como asesor jurídico internacional en Telefónica y ella ha remitido al derecho de abstención: "Se puede consultar a la oficina de conflicto de intereses cuando hay incompatibilidad". Y añade: "El incumplimiento del deber de abstención cuando puede afectar, es una infracción grave que puede llevar a la destitución".