La cúpula del PSOE y el responsable de Correos de Melilla, imputados por asociación ilícita

Supuestamente los componentes de la trama, cambiaron los códigos ocupacionales de cientos de votantes por correo para que fueran automáticamente contratados para los planes de empleo.

La imputación del delito de asociación ilícita, se basa, según el auto, en que el Secretario General del Partido Socialista en Melilla, Dionisio Muñoz, y su socio, Mustafa Aberchán, presidente de Coalición por Melilla, parten de una idea preconcebida para llevar a cabo un entramado orientado a "la planificación, coordinación, y elaboración de un método ilícito consistente en el llamamiento masivo al 'voto por correo', que tras seguir las directrices que personal de dichos partidos darían a los solicitantes, aumentaría el número de votos obtenidos por dicha coalición en los comicios generales.

El siguiente paso, según el auto, fue realizar una campaña para hacer llegar a la población la información de que si votaban por correo en los comicios generales de marzo del 2008 a la coalición PSOE-CPM, serían beneficiarios de un puesto de trabajo en los planes de empleo públicos dependientes de la Delegación del Gobierno de Melilla. Esta información fue dada a través de los "cabezas de barrio" y por el boca a boca.

Para ello, debían desplazarse a las sedes de ambos partidos políticos, (que están situadas en la misma planta del mismo edificio, Coalición por Melilla y juventudes Socialistas), para realizar los trámites del voto por correo. Allí les informaban que debían desplazarse hasta la oficina de correos y solicitar el voto por correspondencia, previamente relleno en algunas de las sedes y posteriormente volver a dichas sedes con el resguardo de la solicitud. En ese momento eran inscritos en un listado preliminar.

Hubo ciudadanos a los que se les informó que una vez que les llegara el sobre marrón del INE-Oficina Censo Electoral, tendrían que volver nuevamente a la sede del partido a través del que habían hecho la solicitud del voto por correspondencia, para hacer entrega del sobre. A otros se les indicaba que pasarían militantes de dichos partidos por sus domicilios para recogérselos. Estos sobres entregados en dichos partidos políticos, eran supuestamente abiertos y en ellos se introducía la papeleta correspondiente a PSOE-CPM, desechando el resto, para su posterior entrega a la oficina de correos. A partir de ahí se elaboraba una lista definitiva de las personas que habían realizado el voto por correo, "siendo al parecer estas personas prioritarias en la adjudicación de un puesto de trabajo en los planes de empleo".

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La participación del Director Provincial de Correos, supuestamente consistía en "desviar de su trámite legal los sobres del INE-OCE una vez que estos llegaban a la oficina de correos para reparto a los que lo habían solicitado, y se los entregaba directamente a Abderrahim Sellam, responsable de campaña.

Ya preparados los sobres, estos eran entregados de forma masiva en la oficina de correos, los cuales eran introducidos nuevamente en su curso legal hasta la llegada a las urnas el día de las elecciones.

Mientras todo este proceso se producía, desde la sede de PSOE y CPM, "supuestamente se procedió a la emisión masiva de cartas falsas", que constaban eran remitidas por la Unidad de promoción y Desarrollo de la Delegación del Gobierno, a multitud de ciudadanos que habían realizado el voto por correspondencia, así como a otros que no lo habían realizado, en las que se indicaban que habían sido preseleccionados para formar parte de los planes de empleo, emplazándoles en un lugar concreto a los pocos días de la jornada electoral". Según el auto, fueron muchas personas las que se creyeron esta misiva y entregaron su sobre procedente del INE-Oficina del censo electoral a los partidos políticos.

Los dos altos cargos del Ministerio de Trabajo, debían autorizar la subvención de los planes de empleo y la autorización de la contratación directa por parte de la Delegación del Gobierno, lo que hicieron supuestamente desde Madrid, los dos Subdirectores Generales también imputados, aplicando una legislación derogada.

Para poder seguir contratando de forma directa a esas personas, según el auto, el que ya era delegado del Gobierno, Gregorio Escobar, "llevaba la voz cantante" para y se inventaron unos grupos de exclusión social supuestamente tutelados por el SPEE con la finalidad de que tuviera que ser dicho organismo quien propusiera a los candidatos a los puestos de trabajo.

A los trabajadores que tenían en la lista "se les cambiaron los códigos ocupacionales para que fueran seleccionados de forma automática" por el programa de contratación.