El Gobierno creará un censo de posibles casos de «niños robados» dentro de las medidas que ha comprometido este jueves ante las asociaciones de afectados y que desarrollará un grupo de trabajo coordinado por Justicia, en el que participarán también Interior, Sanidad y la Fiscalía General del Estado. Los titulares de esos tres ministerios -Alberto Ruiz-Gallardón, Jorge Fernández Díaz y Ana Mato- y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se han reunido este jueves durante dos horas con representantes de las asociaciones de afectados. Gallardón ha advertido de que el camino para resolver esta causa será «largo y complejo» y para el que no existen «fórmulas mágicas», si bien ha asegurado que el Gobierno en ningún caso «va a desfallecer». Así, entre las medidas acordadas en la reunión se encuentra la creación de un censo de posibles afectados, para lo que se facilitará un modelo de ficha para que cada afectado la complete y se incorpore a un archivo, en el que se incluirá su identidad, domicilio, lugar de nacimiento y fecha, entre otros datos. En las fichas, previo consentimiento, se remitirán al Ministerio de Sanidad los datos relativos al nacimiento o parto con el fin de que se puedan cruzar con los que constan en el historial clínico o en otro documento de los hospitales. Sanidad, según ha señalado Gallardón, ha mostrado su compromiso de «liderar» la coordinación con las CCAA que tengan las competencias de sanidad transferidas. Justicia asumirá las medidas necesarias para facilitar la obtención de datos del Registro Civil, como nacimientos y posibles fallecimientos de recién nacidos en los últimos 50 años. Gallardón ha señalado que su departamento creará un catálogo de servicios que prestará el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses con una base de datos de ADN, en la que se podrán incluir las pruebas que se hayan hecho los afectados en los laboratorios privados, previa homologación de los mismos por parte de este organismo. Hasta el momento, las pruebas de ADN que los afectados se habían hecho en los laboratorios privados no se podían incluir en la base de datos oficial. Respecto a las medidas de la Fiscalía General del Estado, el titular de Justicia ha anunciado la designación de un fiscal específico para esta causa. Torres-Dulce ha asegurado que dará «prioridad absoluta» a la causa de los «niños robados» y ha mostrado su intención de que los distintos fiscales provinciales unifiquen los criterios no sólo en la investigación, sino también a la hora de calificar jurídicamente los hechos. Durante la rueda de prensa, Gallardón también ha subrayado que el comisario de la policía judicial formará parte del grupo de trabajo que ha puesto en marcha el Ejecutivo. Asimismo, ha anunciado que el Gobierno intentará introducir una enmienda al Reglamento del Parlamento Europeo, para facilitar el tratamiento y acceso a los datos sanitarios cuando el objetivo sea determinar la filiación natural.