El juez Castro retira a Matas la fianza que abonó para eludir su ingreso en prisión
El expresidente del Govern había depositado una fianza de 2,5 millones de euros
De esta cantidad, 500.000 euros serán traspasados a la Audiencia para cubrir su responsabilidad civil por su reciente condena
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado retirar al expresidente del Govern Jaume Matas la fianza de 2,5 millones de euros que había depositado para eludir su ingreso en prisión, si bien 500.000 euros se traspasarán a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma para cubrir su responsabilidad civil por la reciente sentencia condenatoria impuesta a Matas en su primer juicio por el caso Palma Arena.
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Así lo han informado fuentes del TSJIB, que han indicado que mediante un auto dictado este viernes el magistrado también ha decidido retirar las medidas cautelares que pesaban sobre el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester, el exportavoz del PP en el Ayuntamiento Rafael Duran -una fianza de 50.000 euros- y otro de los primeros imputados en esta causa, el exjefe de obras del velódromo palmesano Miguel Ángel Rodríguez -caución de 15.000 euros-, al considerar que ya no se mantienen las condiciones por los que les fueron decretadas.
Se da la circunstancia de que recientemente la defensa del expresidente, ejercida por el abogado Antonio Alberca, presentó un escrito ante el juez para solicitar que le devolviera la fianza a cambio de entregarle sus inmuebles, entre ellos el conocido 'palacete' hasta cubrir la cantidad que le fue impuesta como caución -en su día por valor de tres millones de euros, posteriormente rebajada a 2,5 millones-, tal y como explicaron fuentes jurídicas.
De esta forma, la intención de Matas pasa por saldar la deuda que mantiene con el Banco de Valencia a raíz del préstamo de tres millones que le dio para poder hacer frente a la fianza (de los cuales el exministro ya pagó 500.000 euros). Sin embargo, la cuestión no queda ahí zanjada, puesto que a los 2,5 millones que el imputado debe a la entidad acreedora, se suman cerca de un millón por los intereses del crédito y gastos procesales acumulados, por lo que el ''canje'' únicamente se llevaría a cabo con el visto bueno del banco.
Para ello, el Banco de Valencia debería exigir cerca de 3,5 millones de euros al expresidente, por lo que de no pagar esta cantidad, la entidad bancaria -intervenida en la actualidad por el Banco de España, que por tanto también tendría que aceptar la operación- sacaría finalmente los bienes que tiene como garantía -el 'palacete', un inmueble de La Rambla y un local que posee en la calle Sant Miquel-, por haberle prestado el dinero para la fianza.
El juzgado mantiene en pie la subasta del 'palacete'
De hecho, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Palma mantiene en pie la fecha para la puja -el 25 de abril- y por el momento la entidad no ha solicitado ningún tipo de suspensión ni modificación al respecto, según han confirmado fuentes de la causa.
Fue en mayo del pasado año cuando el banco presentó una demanda de ejecución hipotecaria por la que reclamaba al exjefe del Ejecutivo autonómico, en un plazo de treinta días, los tres millones de euros correspondientes al préstamo que le concedió. Al no ser devuelta la cantidad, la entidad solicitó al Juzgado que las fincas salieran a subasta pública.
El lujuso tren de vida de Matas, bajo lupa judicial
Tras tomarle declaración durante dos días, en marzo de 2010 el juez Castro impuso a Matas la fianza de tres millones de euros en el marco del caso Palma Arena, una de cuyas principales líneas de investigación se centran en el lujoso tren de vida llevado por el encausado cuando era máximo dirigente de la Comunidad Autónoma y que, de acuerdo a las pesquisas, no se corresponde con los ingresos que obtenía como presidente.
Los investigadores apuntan de esta forma a la relación de los elevados gastos de Matas con la presunta malversación de aproximadamente cincuenta millones de euros durante la ejecución del velódromo palmesano (2005-2007). Unos hechos que niega de forma tajante el expresidente, quien durante su declaración manifestó que parte del dinero que obtenía mensualmente por el alquiler del local de Sant Miquel no lo declaraba, justificando así que pagase en negro parte de los 400.000 euros que se gastó en reformar el 'palacete' y negando haber rehabilitado la vivienda con fondos públicos.
