Gallardón anuncia que la prisión permanente revisable solo se aplicará a delitos de terrorismo

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón ha anunciado este martes que la denominada prisión permanente revisable, que tiene previsto introducir el Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy, se aplicará "exclusivamente" a los delitos de terrorismo. De este modo, el Gobierno descarta la aplicación de esta medida a otros delitos de carácter grave como los cometidos contra menores o violaciones.

Así lo ha manifestado el titular del departamento de Justicia en un desayuno informativo, en el que también ha señalado que la libertad se recuperará "no por el transcurso de un número de años" en prisión "sino cuando se acredite la reinserción".

En concreto, Ruiz-Gallardón ha asegurado que la prisión permanente revisable debe ser utilizada en aquellos casos en los que la sociedad considere que no son suficientes los años de cumplimiento de condena para que una persona recupere su libertad si no se acredita su reinserción.

El ministro ha justificado la limitación de la medida a los delitos terroristas diciendo que es en estos casos donde se puede "acreditar fehacientemente la intención de rehabilitación del reo". Ruiz-Gallardón anunció a finales de enero la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable para "supuestos muy restringidos" que hayan alcanzado "el máximo grado de repulsa social", sin circunscribir la medida a los delitos de terrorismo.

El ministro también ha asegurado hoy que se van a endurecer las penas en relación con los delitos contra menores, fundamentalmente aquellos que estén vinculados con agresiones de carácter sexual, aunque ha rechazado que la prisión permanente revisable pueda ser aplicable a este tipo de delitos. También se ha referido a la modificación del Código Penal para equiparar las penas por actos de vandalismo callejero al castigo que recibe la "kale borroka" y ha dicho que respetará "rotundamente" el derecho de manifestación.

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Preguntado bajo qué condiciones la resistencia pasiva puede ser considerada delito, Ruiz-Gallardón ha señalado que "no se está hablando de resistencia pasiva" sino de agresiones a miembros de los cuerpos de seguridad y daños a bienes públicos que no constituyen el derecho de manifestación, "sino un auténtico atentado callejero".

Ha recalcado que no se trata de penalizar a los convocantes de protestas, sino de actuar contra "estructuras organizadas mediante mecanismos perfectamente identificados por la policía" que conducen a una "perversión y a una auténtica prostitución de dicha manifestación". El titular de Justicia ha asegurado que tiene previsto remitir la reforma del Código Penal a las Cortes antes del verano.

Respecto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé otorgar un "nuevo protagonismo" a los fiscales en la instrucción de los sumarios, el ministro ha especificado que no se renunciará a la figura del juez de garantías.

Sin embargo, ha reconocido que el modelo que establece nuevas atribuciones a los fiscales no se alcanzará hasta que la situación económica permita aumentar el número de miembros del Ministerio Público. Durante su intervención, el ministro ha desgranado las reformas que ha acometido su departamento para actualizar el modelo de Justicia, que, ha señalado, están integradas dentro del proceso iniciado por el Gobierno, marcado por el "pragmatismo".

Ruiz-Gallardón ha señalado que está en su cabeza modificar la Ley del Tribunal del Jurado porque presenta "disfunciones que hay que corregir", pero no ha fijado plazos para acometer este cambio. Entre los elementos que le disgustan ha citado la ausencia de libertad que pueden padecer miembros del Jurado como consecuencia de la presión de su entorno o el hecho de que deban posicionarse sobre asuntos que requieren conocimientos jurídicos.

El ministro ha dicho también que "por supuesto" la Audiencia Nacional seguirá existiendo aunque ETA se disuelva definitivamente, ya que sus competencias exceden "con mucho" ese ámbito. Respecto a la decisión de no convocar oposiciones en la Administración de Justicia este año, el ministro ha dicho que "no es una decisión que le haya gustado al Gobierno", pero que la gravedad de la crisis económica obliga a "medidas extraordinarias".